México.- El Presidente Enrique Peña Nieto anunció en los primeros días de su mandato que lanzaría una serie de reformas estructurales para “Mover a México”; sin embargo, ni en 2013 ni en 2014 reestructuró el sistema judicial, mismo que ha permitido que los actos de corrupción no sean procesados debidamente, afirmó Francisco Javier Jiménez Ruiz, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El catedrático recomendó la creación de un Tribunal de Cuentas, pues aseguró que no sólo sirve para fiscalizar y sancionar el manejo de los recursos públicos de los partidos políticos; revocar los resultados de una elección o declararla como no válida; sancionar y quitar registros a partidos políticos, “también sirve para perseguir a las figuras del más alto nivel”.
Ejemplificó con el caso de la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI de España, quien está en medio de un proceso judicial por dos presuntos delitos fiscales. Desde 2010 se investiga al Instituto Nóos, una fundación sin fines de lucro que presidió Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta, en la que supuestamente se desviaron 6.1 millones de euros de fondos públicos entre 2004 y 2007.
Habló de Jordi Pujol, destacado y emblemático líder catalán que “también es una figura pública y está puesto en el banquillo de los acusados. Se le exigen cuentas y que transparente su riqueza”, afirmó.
Sin embargo, en México, “no tenemos un solo caso de un político de alto nivel a quien se le ponga bajo la lupa de investigación del sistema judicial”.
El académico recordó que en 2008, durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, en México se reformó el sistema judicial penal. Sin embargo, sólo se modificaron las leyes y el Poder Legislativo estableció un plazo de ocho años para su implementación en todo el país, cosa que hasta el momento sólo ha ocurrido en el 43.7 por ciento del territorio.
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