CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) pidió ayer una pena de 21 años de prisión a Rosario Robles, por presuntamente haber sido omisa ante los desvíos por más de 5 mil millones de pesos que llevaron a cabo sus subordinados en la Sedatu y la Sedesol, en el caso de la “Estafa Maestra”.
El ejercicio ilícito del servicio público es sancionado con hasta 7 años de cárcel, pero de acuerdo con la acusación formal presentada ayer en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, la dependencia acusa a Robles de dos cargos por este mismo delito.
Uno por la afectación ocasionada a la Sedesol, del 1 de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015, y otro por la causada en la Sedatu, del 27 de agosto de 2015 al 30 de noviembre de 2018.
Es decir, son 14 años de prisión por sus omisiones en las dos dependencias, pero adicionalmente la Fiscalía argumenta que este delito lo cometió de manera continuada, lo que implica una agravante que aumenta la sanción con la mitad de la pena máxima, es decir, 3 años y medio por cada delito, de los que resultan otros 7 años de prisión.
La sanción de 21 años es mayor que los 18 años de cárcel que la dependencia pidió imponerles a Gerardo Villegas Madriles y Antonio Tarín García, ex directores de Administración y de Adquisiciones y Servicios de Chihuahua, por los presuntos desvíos de 250 millones de pesos al PRI.
Y apenas es menor a los 25 años de prisión que había solicitado imponerle a Javier Duarte por asociación delictuosa y lavado, derivado de los millonarios desvíos del Gobierno de Veracruz, aunque en este caso el ex Mandatario negoció un procedimiento abreviado en el que se declaró culpable a cambio de una pena mínima, más un descuento, lo que concluyó con una sentencia de 9 años de prisión, con la posibilidad de reclamar la libertad al cumplir el 50 por ciento de la sanción.
Los fiscales federales presentaron ayer de manera formal la acusación contra Robles, y el escrito está acompañado de decenas de pruebas con las que pretende llevarla a juicio, incluidos los 25 convenios suscritos por la Sedatu y la Sedesol con instituciones de educación superior, así como declaraciones de testigos colaboradores y revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con informes recabados, el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos entregará hoy una copia de la acusación a los abogados de la ex Secretaria de Estado, quienes tendrán un plazo de 10 días para darle contestación.
La exfuncionaria está presa desde el 13 de agosto de 2019 en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.
