Las autoridades electorales de Colombia tomaron una decisión que sacude el panorama político del país: abrir una investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022. La investigación surge debido a presuntas irregularidades en la financiación de su promoción electoral, lo que incluiría el uso de fondos prohibidos y el exceso en los gastos de campaña, alcanzando hasta 1.2 millones de dólares. Este proceso, liderado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), revisará los recursos utilizados durante las dos vueltas en las que Petro resultó elegido como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.
Detalles de la investigación
El CNE informó que los fondos no declarados oportunamente pertenecen a siete aportes y préstamos durante la primera vuelta y otros cinco en la segunda vuelta electoral. Además, se mencionó que la campaña de Petro habría recibido aportes de entidades no autorizadas como la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Ingenial Medias, y la Unión Sindical Obrera.
Aunque las consecuencias de la investigación podrían acarrear multas para los responsables financieros de la campaña (gerente, auditor o tesorero), Petro goza de inmunidad presidencial. Esto significa que, aunque se comprueben las irregularidades, el proceso no puede derivar directamente en su destitución. Solo el Congreso colombiano tiene la facultad de iniciar un juicio político en su contra.
La respuesta de Petro y su denuncia de un “golpe de Estado”
Ante la apertura de la investigación, Gustavo Petro reaccionó de inmediato en X (anteriormente Twitter), con una fuerte declaración: “Ha comenzado el golpe de Estado”. El mandatario colombiano ya había advertido previamente que, según su interpretación, se estaría gestando un “golpe de Estado a la colombiana”, argumentando que las instituciones del Estado estarían siendo usadas para intentar removerlo de su cargo.
¿Qué sigue para la campaña de Petro?
El abogado defensor de Petro, Héctor Carvajal, ha interpuesto recursos legales ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, argumentando que el fuero presidencial es integral y que el CNE no tiene jurisdicción para investigarlo. Incluso, Carvajal indicó que el equipo de defensa acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si es necesario.
Este tipo de investigaciones no son inéditas en la política colombiana, pero la posibilidad de que un presidente en funciones sea sometido a un juicio político en el Congreso es remota, dado que ningún presidente ha sido destituido de esta forma en las últimas tres décadas.
La situación genera un clima de incertidumbre política, en el que se pone a prueba tanto la integridad de las instituciones democráticas colombianas como la gestión de un mandatario que sigue causando divisiones y enfrentamientos entre los sectores políticos del país.
