AGENCIA
Nacional.- A cinco años desde que se presentó la primera denuncia por actos de corrupción de Ana Gabriela Guevara Espinosa, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), hasta la fecha, ningún funcionario ha sido encarcelado o procesado judicialmente, a pesar de las evidencias de una compleja red de facturación para el desvío de fondos públicos.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), se están investigando varios pagos y depósitos a empresas con sede en la Ciudad de México y en el estado de Campeche. Entre estas empresas se encuentran Catering Housekeeping, Hospitality and Services; Edgar García Morales y Asociados; Proyectos Científicos y Tecnológicos del Sur; Grupo Armazo, SA de CV; Operadora Turística BLUO, S de RL de CV; Muller Planning & Logistic, SA de CV; y Saha Innovación Empresarial, así como la persona física María Otilia Serrano Zamora.
A pesar de que el fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) prohíbe la triangulación de recursos, estas compañías y sociedades estaban a cargo de los campamentos y competiciones de los deportistas.
Es importante recordar que, en 2020, la Secretaría de la Función Pública (SFP) denunció el mal manejo del presupuesto de 2019 asignado a la Conade, por posibles desvíos de recursos superiores a los 50 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.
Cuatro años después de la primera denuncia, no ha habido acciones legales contra Ana Gabriela Guevara ni contra algunos funcionarios implicados en la red de corrupción y facturación para el desvío de recursos públicos. Entre los implicados se encuentran el subdirector de Calidad para el Deporte, Israel Benítez; el director de Alto Rendimiento, Arturo Contreras; y el subdirector de Apoyos a Deportistas y Federaciones, Faustino Jesús Díaz.
Según fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), estos funcionarios, con el conocimiento de la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara Espinoza, estaban al tanto de la autorización de viajes con reembolso y sobreprecio.
Las investigaciones revelan que los pagos fueron facturados por las empresas Volare Travel Shop, ubicada en la Ciudad de México, y Edgar García Morales y Asociados, y Proyectos Científicos y Tecnológicos, ubicadas en el estado de Campeche.
Sin embargo, en 2020, el propietario de Viajes Volare Travel Shop, Gerardo Alvarado, denunció que la Conade le debía un millón de pesos que había prestado a petición del ex subdirector de Calidad para el Deporte, Israel Benítez, para financiar viajes a competiciones que originalmente iban a ser pagados por otra empresa, que en la gestión de Ana Guevara ha sido utilizada para desviar fondos públicos.
Se depositaron 300 mil pesos en la cuenta bancaria del presidente de la Federación Mexicana de Tiro con Arco, Santiago Avitia, otros 261 mil en la del entrenador de canotaje José Antonio Romero, y 270 mil en dos empresas factureras que actualmente están bajo investigación.
