AGENCIA
Nacional.- Si el encuentro que tuvo el fundador de Proceso, Julio Scherer García, con Ismael Zambada en 2010 dejó en ridículo al entonces presidente Felipe Calderón con su cacería de capos del narcotráfico, la aparición del Mayo en territorio estadounidense no está siendo menos grotesca y ultrajante para el gobierno de López Obrador.
Ni la colaboración incondicional y vergonzosa de Calderón con Estados Unidos, ni las limitantes que AMLO le puso a las agencias estadounidenses, evitaron que sus gobiernos quedaran rebasados por los movimientos de quien fue el último jefe histórico del narcotráfico en México.
Durante el sexenio de Calderón, los servicios de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, tanto civiles como militares, operaron libremente en México. Espiaron, detuvieron a personas, sembraron casos, encabezaron operativos armados, armaron expedientes, lavaron dinero, encarcelaron y se llevaron a personas de México. Sin embargo, no pudieron detener a Zambada García. A finales del sexenio de Calderón hubo un intento, pero ni los militares ni los policías federales de Genaro García Luna llegaron a tiempo para evitar que se escapara.
En contraste, AMLO, hasta donde se sabe, ni siquiera buscó activamente a Zambada, pese a las cuatro órdenes de aprehensión en su contra, dadas a conocer por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, cuando Zambada ya estaba fuera del país. En el gobierno de López Obrador, la cooperación en seguridad con Estados Unidos se redujo a lo mínimo y en el caso de la DEA se pusieron límites formales a sus agentes desplegados en México, en contraste con la actitud obsequiosa hacia Washington en materia de migración.
Los trabajos de seguridad bilateral prácticamente quedaron congelados desde que el presidente mexicano rechazó cualquier operación conjunta con Estados Unidos y archivó las propuestas del Departamento de Estado. Además, en diciembre de 2020, al inicio de su gobierno, envió al Senado una reforma de la Ley de Seguridad Nacional para limitar la operación de agentes extranjeros en el país e imponer castigos cuando vayan más allá de los acuerdos formales.
Según la ley aprobada por la cámara alta, el principal castigo es la cancelación de todo acuerdo de cooperación cuando se compruebe que algún agente extranjero corrompa, detenga o secuestre a nacionales para ser llevados ante la justicia de otro Estado; además de que los responsables serán procesados en México.
Pese al rechazo y límites formales a la cooperación, enfocados principalmente al Departamento de Justicia, al final las autoridades de Estados Unidos obtuvieron lo que más querían: la cabeza del cártel de Sinaloa, al que consideran su principal enemigo por la crisis de salud causada por el tráfico de fentanilo.
Aunque formalmente no se sabe qué pasó, y en su papel de agraviado está en espera de un informe que pidió a Washington, AMLO adelanta que nada de lo que declare Zambada puede afectar a su gobierno. Sin embargo, el caso está ahora en manos de los fiscales del Departamento de Justicia, al que el presidente tanto rechazó. Paradojas del poder.
