AGENCIA
Gobierno de Perú aprueba ley que amenaza al periodismo independiente, denuncian organizaciones
A un año de las elecciones presidenciales en Perú, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley N.º 32301, que ha generado preocupación entre organizaciones y medios periodísticos independientes, quienes acusan que esta normativa representa una grave amenaza a la libertad de prensa.
La ley, aprobada el pasado 14 de abril, exige a todos los medios que reciben financiamiento internacional inscribirse ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Según medios como IDL Reporteros, Ojo Público, Convoca Perú, Salud con Lupa y EpicentroTV, esto abre la puerta al control estatal de los contenidos periodísticos, especialmente de aquellos medios sin fines de lucro o financiados por cooperación internacional.
En un comunicado conjunto, más de 200 organizaciones y periodistas de América Latina, Europa y Estados Unidos advierten que la nueva ley impone restricciones arbitrarias al trabajo periodístico, incluyendo la necesidad de una “conformidad previa” por parte del Estado para ejecutar proyectos, lo que consideran una forma de censura previa. Asimismo, critican que se prohíba utilizar fondos de cooperación internacional para acciones legales contra el Estado, como el acceso a información pública, herramienta esencial para el periodismo de investigación.
La normativa también incluye términos ambiguos, como “intervención en política interna” o “actos que afecten el orden público”, que podrían ser usados para perseguir o censurar a medios críticos del poder. “Esto reproduce patrones autoritarios que ya se han visto en países como Venezuela o Nicaragua”, señalaron.
Los medios afectados han sido reconocidos por su papel en investigaciones clave como Lava Jato o el caso de los Cuellos Blancos del Puerto, y han documentado abusos cometidos durante el gobierno de Boluarte, como los 49 muertos registrados en protestas por nuevas elecciones.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también expresó su preocupación, calificando el contexto en Perú como “un serio deterioro de las libertades de prensa y de expresión”. A esta crítica se sumaron organizaciones como WOLA, CEJIL y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Los periodistas subrayan que, con esta ley, el Estado podría incluso exigir acceso a información protegida por el secreto profesional, afectando la confidencialidad de las fuentes. Además, alertan que el director de la APCI será designado por la presidenta Boluarte, actualmente investigada por hechos revelados en reportajes de estos mismos medios.
Con un historial reciente que incluye tres expresidentes encarcelados y escándalos de corrupción de alto nivel, Perú enfrenta ahora una creciente tensión entre el poder ejecutivo y los defensores de la libertad de expresión.
