La intención del próximo Gobierno Federal de dar amnistía a los criminales va en serio. No fue una bravata de campaña y aun antes de rendir protesta como Presidente de la República, el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador ya está cumpliendo los pactos establecidos con esos granujas que antes denominaba integrantes de la ‘mafia del poder’. La exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo ya está libre, fue el primer acuerdo cumplido.
Ahora toca el turno al exgobernador veracruzano, Javier Duarte de Ochoa, a quien le reconfiguraron las imputaciones judiciales para allegarle la opción a una estancia corta en prisión y, si se puede, una liberación a corto plazo. La Procuraduría General de la República (PGR) cambió el tipo de imputación al exgobernante, de delincuencia organizada a asociación delictuosa, un rejuego en la terminología penal que reduce la condena de cárcel y le da una opción de obtener una liberación provisional.
Es escandaloso sí, pero no sorprendente. Todos esperaban eso con el triunfo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En la interfase, el Gobierno de Enrique Peña Nieto está haciendo el trabajo sucio para que el morenismo no se exhiba a plenitud -¿más?- al abrirles las rejas a los impresentables que hizo sus aliados. Así, la PGR se desdice de las acusaciones iniciales.
Lo anterior para darle la voltereta al expediente para beneficiar a uno de los personajes que encarnan la corrupción del País -igual que Elba Esther Gordillo, pues-. Tampoco para nadie es un secreto la relación de Duarte de Ochoa con el morenismo de López Obrador, que incluye a Cuitláhuac García, el gobernador electo, vigente desde el Proceso Electoral del 2016.
En ese año y en este mismo, Duarte aportó por medio de personeros dinero y operatividad para la campaña de García Jiménez. Esas son facturas pendientes que deberán ser pagadas. Aun así, es probable que Duarte no abandone el Reclusorio Norte al menos hasta diciembre, por temor a que el mandatario estatal, Miguel Ángel Yunes Linares, ordene su captura para que responda por las acusaciones penales que tiene a nivel estatal, entre ellas una por el delito de desaparición forzada de personas.
Sin embargo, es obvio que se buscará dejarlo en libertad a partir del primero de diciembre cuando López Obrador sea presidente del País y García Jiménez gobernador de Veracruz. Ambos cerrarán pinzas para protegerlo y proveerle impunidad. Y ahí estará otro desafío para la Fiscalía General y el Poder Judicial que deberán ejercer acción penal contra Duarte de Ochoa, aun con la intención del Gobernador en turno para otorgarle el perdón político y judicial.
Ya hace un par de días el propio Cuitláhuac García tuvo un resbalón verbal -¡otro!- al afirmar que si el proceso judicial contra Duarte que lleva la PGR no prospera, el Gobierno a su cargo no reiniciará ninguna investigación porque “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”. En ese recoveco legal se buscará sepultar todos los pendientes judiciales que el cordobés tiene en su haber.
Será el pretexto, según se anticipa, para sobreseer toda pesquisa a nivel local contra el exgobernante, incluidos aquellos delitos de lesa humanidad, porque pareciera que pesarán más los pactos soterrados entre ambos que la justicia a las víctimas del genocidio registrado en el sexenio duartista
Claro, García Jiménez vuelve a cantinflear en el tema porque primero anunció a los cuatro vientos que como gobernador se inmiscuirá en asuntos judiciales, pero ahora, apenas le mencionaron el tema de Duarte, salió corriendo a erigirse en juez y jurisconsulto, anticipando -otra vez- la no persecución judicial para su aliado. En fin, nadie podrá criticar que eso del perdón a los criminales será promesa incumplida.
LOS FIELES
Como se dijo, los delitos de tipo financiero no son los únicos que cometió el exgobernador Javier Duarte, porque también hay señalamientos sobre delitos de mucha más gravedad. Hace días se confirmó que durante su sexenio el aparato policiaco fue utilizado para cometer crímenes de lesa humanidad, ya sea por cumplir pedidos de los cárteles del narcotráfico o para satisfacer decisiones propias, de los mismos funcionarios públicos que ordenaban raptar y desaparecer a personas.
Los retenes que se instalaban en las carreteras no eran para brindar seguridad a los automovilistas, combatir el trasiego de armas o drogas o para detectar automotores robados y personas plagiadas. No, eran trampas mortales. Esos controles carreteros los usaban para detener y desaparecer a personas.
El encargado de esos operativos fue un tal Jesús Osiel “N”, comandante de Puestos de Control en el organigrama de la SSPE y a quien se le está fincando responsabilidad por la desaparición forzada de dos personas, Hugo Javier Campos Pérez y Alfonso Pérez García, perpetrada en el retén Arenales de la carretera Xalapa-Coatepec en el año 2013.
Según las pesquisas, ellos fueron trasladados a la Academia Estatal de Policía en El Lencero, que en su tiempo fue un centro de tortura y desaparición de cadáveres, y nunca se les volvió a ver. El martes pasado fue detenido Jesús Osiel “N” y otros seis exagentes de la Secretaría de Seguridad Pública.
Ellos se suman a los otros policías y funcionarios de esa dependencia que ya están en prisión, también por desaparición forzada, entre los que se incluye al propio Bermúdez Zurita. Sin duda es un acierto de la Fiscalía General no desatender el proceso para capturar a todos los involucrados en ese delito gravísimo y llevarlos ante los tribunales.
Es parte, obviamente, de la aplicación de la justicia transicional tan mencionada en este espacio -pues hay que exponerla para que la gente la comprenda y la exija-. Es decir, no dejar sin investigar los crímenes del pasado ni permitir que los responsables gocen de impunidad. Los crímenes de lesa humanidad en los dos sexenios anteriores fueron cometidos tanto por elementos de bajo rango como por funcionarios de alto nivel, ya que era parte de un esquema genocida aplicado como política de Gobierno.
Y en ese esquema fueron configurados los terribles ‘escuadrones de la muerte’ que operaban en todo el Estado. Se trata de las llamadas “Fuerzas Especiales” o “Los Fieles” -vaya, hasta parecer ser una alusión al innombrable por la nocividad de ambos- uno de los nueve grupos de tarea de la Fuerza Civil, la Policía creada en el duartismo.
“Los Fieles” eran el brazo operativo para torturar, asesinar y deshacerse de los cadáveres de las víctimas, según se ha sabido a través de testigos que han sido entrevistados por la Fiscalía. Ellos eran los dueños de vidas y destinos de las personas que caían en manos de los cuerpos policíacos. El comandante de esa agrupación, José López Cervantes, conocido como “El Comandante Black”, fue un verdugo con licencia.
Ese sujeto también ya está detenido y sus confesiones pueden ser la clave para conocer el paradero de miles de personas desaparecidas en los años de plomo de la fidelidad. ‘Los Fieles’ tienen que seguir siendo noticia en los años venideros, es necesario escudriñarlos, interrogarlos, documentarlos y entenderlos porque así se podrá conocer la verdad histórica sobre los ausentes.
La Fiscalía deberá acelerar las pesquisas y las detenciones de los genocidas, porque seguramente a partir de diciembre habrá una presión para archivar todos los procesos penales contra los criminales del duartismo y la fidelidad, a los que se pretende beneficiar con el perdón político. No se les debe permitir amnistiar a los genocidas ni a los ladrones.
VENGANZA SEDOSA
En los comicios del pasado primero de julio, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) que fueron en alianza, perdieron todo y un botón de muestra es el distrito de Huatusco, donde no pudieron ganar ninguna de las diputaciones en juego, ni la local ni la federal.
Lo anterior a pesar de que el exalcalde Miguel Ángel Sedas Castro es el actual diputado federal por esa demarcación y que apenas en las elecciones municipales del 2017 había logrado que su esposa, Balducina Tejeda Colorado se convirtiera en alcaldesa. Ahora la magia se terminó para ese ambicioso matrimonio y por culpa de ellos se perdió la diputación federal. La local ya la había ganado la coalición PAN-PRD desde el 2016.
El matrimonio Sedas Colorado está furioso y desquitándose con quien puede. Para empezar, la emprendieron contra los trabajadores sindicalizados, a los que culpan de no hacer el trabajo ‘mapachil’ que les instruyeron y en días pasados 17 de ellos fueron despedidos de forma injustificada. Además, hay la amenaza de correr al resto de los 51 trabajadores sindicalizados.
Los motivos que argumentan son muchos, desde que ganan más de 20 mil pesos al mes y que pretenden “madrugar” a la Alcaldía al reclamar prestaciones “no pactadas”, hasta que son una carga financiera para las finanzas municipales. Lo cierto es que se trata de una venganza política por los resultados de hace dos meses.
Los Sedas Colorado quieren culpar a otros para no hacerse responsables ellos mismos de la debacle electoral. Todos en Huatusco saben que ambos han convertido al Ayuntamiento en una suerte de empresa familiar y que expolian los recursos municipales como si fuera patrimonio personal. El repudio de los ciudadanos se lo han ganado a pulso y se reflejó en las urnas el pasado primero de julio.
Ahora, el caso de los 17 empleados despedidos seguramente terminará en los tribunales laborales y es muy probable que haya un laudo que le otorgue la razón a los trabajadores y obligue al Ayuntamiento a su liquidación formal o su reinstalación. Sucederá como en otros ayuntamientos cuando los laudos laborales a pagar por despidos injustificados se transforman en ‘bolas de nieve’ tan grandes que amenazan con desfalcar las administraciones siguientes, sobre todo si los juicios se prolongan.
Al parecer, la ‘venganza sedosa’ -por el apellidos Sedas, aunque muchos le dicen la “venganza sebosa”, también por la figura de Sedas Castro- saldrá cara para el bolsillo de los contribuyentes. La rabieta de la alcaldesa Balducina Tejeda y el alcalde de facto, Miguel Ángel Sedas, se traducirá en miles de pesos que se tendrán que pagar en compensaciones a los trabajadores despedidos. ¡Vaya matrimonio tan dañino!
