Es verdad, las tensiones en el Pacto por México estallaron por el tema Veracruz, pero ese caso ha sido, en realidad, el catalizador de presiones que trascienden, con mucho, un conflicto preelectoral como ha habido muchos.
Salidas políticas para el conflicto Veracruz hay varias, el problema es que se presentan en un muy mal momento. Lo que en su oportunidad hizo Rosario Robles, aquí lo dijimos, fue lo correcto: si había denuncias sobre un grupo de funcionarios, estos fueron retirados mientras se investigaban sus presuntas responsabilidades. Se dice que el gobierno veracruzano tendría que haber tomado medidas similares: probablemente es verdad, pero el tema era y es negociable. Los delegados, como en todas las dependencias y en todos los gobiernos, fueron designados por el Ejecutivo (es su atribución), pero incluso ese capítulo puede ser analizado y negociado. Los padrones, por supuesto que deben ser transparentes y auditables, ¿cuál es el problema para llegar a acuerdos en esos temas? El problema es que quieren otra cosa que nada tiene que ver con la política social.
Para la dirigencia panista, encabezada por Gustavo Madero, el argumento determinante para que su partido no abandonara, pero sí diera un paso al costado en el Pacto por México fue el respaldo que el presidente Peña le dio a Rosario Robles en Chiapas: esperaban, dijo Madero, que en lugar de respaldarla, la cuestionara. Como discurso mediático está bien, pero la realidad no funciona así: lo mismo que está diciendo el PAN se lo escuché decir al PRI hace apenas unos meses, cuando el panismo era gobierno, y se le ha escuchado decir hasta la saciedad al PAN y al PRI contra los programas que instaló el PRD en el DF y que se han mantenido todos estos años. Por distintas razones, el PAN y el PRD le quieren cobrar a Rosario viejas cuentas y piensan que al no ser Rosario militante del PRI, pueden ejercer presión extra sobre el Presidente, olvidando que precisamente por eso Robles, por no ser del PRI, está a cargo de la política social.
Hay que definir prioridades y contextos: primero, ¿es importante la Cruzada Nacional Contra el Hambre? Sin duda lo es: es uno de esos programas que no se pueden archivar esperando mejores tiempos políticos. La gente debe recibir apoyos y oportunidades para salir adelante. Esta misma semana decíamos que la administración de Peña se encuentra ante una paradoja que no se dio en sus antecesores recientes: mientras las expectativas y respaldos entre el círculo rojo se encuentran muy altas, entre la gente el apoyo al Presidente es comparativamente pobre. Y eso ocurre en muy buena medida porque a la gente de la calle le importa mucho más su día a día, desde su seguridad hasta su bolsillo, que los cambios estratégicos en el andamiaje económico del país. Por supuesto que estos últimos determinarán su calidad de vida en el futuro, pero para tener espacios hacia el futuro hay que operar sobre el presente. Y en los hechos la administración de Peña está atorada en este presente, en el que se combinan desde las presiones abiertas y evidentes de las corrientes ultras que buscan romper la gobernabilidad (desde la Coordinadora imponiendo la contrarreforma educativa hasta los vándalos encapuchados de la rectoría de la UNAM), hasta las presiones electorales y políticas, legítimas, de las fuerzas de la oposición que necesitan reposicionarse el próximo 7 de julio.
Y la administración de Peña debe transitar ese camino, como decíamos el lunes, soportando esas presiones, tratando de encontrar salidas viables a los conflictos, pero sin mostrar debilidad. Ninguno de los últimos gobiernos lo ha conseguido: el de Carlos Salinas, que alcanzó con la firma del TLC los más altos índices de aceptación y gobernabilidad, se equivocó en los últimos días de 1993 cuando no atendió las señales que llegaban de Chiapas y la ruptura anunciada de Manuel Camacho; el de Zedillo, cuando no pudo pasar sus reformas, sobre todo la energética, cuando se vio que el gobierno y el partido estaban divididos y perdió la mayoría en el Congreso; la de Fox, cuando fracasó en construir un aeropuerto para la Ciudad de México, por la presión de un grupo minúsculo de manifestantes; la de Calderón, cuando aceptó todos los términos de la reforma política a cambio de reformas estructurales que luego le negaron y no consiguió ser acompañado en su lucha contra el crimen organizado.
Hoy el presidente Peña tiene que sacar esas reformas de fondo (de las cuales la financiera que tendría que haber sido anunciada ayer es una de las muy importantes), al tiempo que impide que las provocaciones de la Coordinadora y su aliados desestabilicen su gobierno y echen para atrás lo avanzado. Lo debe hacer con política y mostrando también firmeza. Pero en ese camino debe impulsar sus programas sociales que son los únicos que realmente acercan a los gobiernos con la gente. Sacrificar programas y funcionarios para conservar acuerdos, no es una buena solución. Y Peña me imagino que lo sabe.
