La corrupción y la impunidad, con las consecuentes acciones de injusticia, enriquecimiento ilícito y violencia desde el gobierno, son las marcas que Enrique Peña Nieto ha dejado tras de sí desde que era gobernador del Estado de México y ahora como presidente de la República.
Eso, además de su incapacidad para enfrentar los retos más complicados y apremiantes, han traído como consecuencia la crisis de gobernabilidad más profunda de los últimos años, que podría agravarse en los siguientes meses si no se logra solventar los problemas económicos y financieros por los que atraviesa México y que se ven reflejados en la devaluación diaria del peso frente al dólar, la falta de crecimiento económico, el escaso nivel de empleo y la inflación soterrada que día tras día se impone a la canasta básica de millones de familias.
Peña Nieto ha encabezado una serie de reformas a la Constitución, pero ninguna de ellas con beneficios a la sociedad. Al contrario, están destinadas a favorecer a los empresarios nacionales y a las grandes compañías extranjeras, las únicas con posibilidades de sacar provecho a la apertura de los sectores energético y de
telecomunicaciones.
Esta serie de reformas constitucionales eran consideradas el logro más importante de su gobierno, pero cuando festejaba su mejor momento en foros internacionales, varios hechos como el de Tlatlaya, Ayotzinapa y Michoacán, así como los escándalos de corrupción de su esposa Angélica Rivera y del titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, mostraron el verdadero perfil de la administración peñista y su declive en apenas dos años
en Los Pinos.
Corrupción, impunidad, violencia e injusticia han sido las marcas de lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, que insiste en mantenerse en la burbuja de confort y beneplácito que se construyó con la ayuda de sus aliados, los empresarios de algunos de los medios más poderosos como Televisa.
No es casual entonces que en estos días se declarara inocente de enriquecimiento ilícito a Raúl Salinas de Gortari, y que a Arturo Montiel –tío de Peña Nieto– no se le investigue por la cuantiosa fortuna que sacó de las arcas mexiquenses cuando era gobernador.
Tampoco extraña que se quiera deslindar a la esposa de Peña, Angélica Rivera, de la cuantiosa riqueza que posee en propiedades dentro y fuera de México, como también la tiene el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y otros personajes cercanos al presidente emanado del grupo Atlacomulco.
Igualmente que no se haya aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción, con la consecuente Fiscalía que estaría encargada de vigilar los casos de desvío de recursos, aprovechamiento o enriquecimiento ilícito del
gobierno peñista.
Y es que si se aprueba un sistema que vigile e investigue los actos de corrupción del actual gobierno –como de los anteriores–, los negocios personales, las riquezas inexplicables y las transas que cotidianamente hacen funcionarios de todos los niveles se acabarían y muchos de ellos tendrían que ir a la cárcel.
Los signos de descomposición del gobierno de Peña Nieto se han mostrado antes de lo
que se esperaba.
Twitter: @GilOlmos
