A más de diez años de la promulgación de la normativa que rige la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental en México, tanto Pemex como CFE continúan evidenciando graves casos de corrupción y falta de transparencia en sus procedimientos para la adquisición y contratación de servicios. Ello impacta directamente en el desarrollo sustentable y productivo de ambas empresas del Gobierno Federal. Tal es el caso reciente del gasoducto Los Ramones, proyectado para importar gas natural desde Estados Unidos y en el cual los consejeros profesionales de Pemex detectaron un sobrecosto de 60% en el presupuesto de inversión, y con ello se solicitó frenar dicho proyecto.
Otro ejemplo es la adjudicación directa de contratos por un monto de 116.3 millones de dólares a una empresa internacional por parte de directivos de CFE. Dichas prácticas salieron a la luz de manera cotidiana durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Ejemplos como los antes señalados quedaron asentados en varios testimonios emitidos por ciudadanos y asociaciones civiles que nos registramos ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para fungir como testigos sociales en procedimientos licitatorios que nos fueron asignados por la SFP. La figura de testigos sociales tanto en Pemex como en CFE se reafirma con la Reforma Energética de 2008 con el objeto de fortalecer Pemex y CFE para un desarrollo más eficiente del potencial que se tiene en el país, por considerar:
• Mejores prácticas de gobierno corporativo.
• Nuevos esquemas de contratación.
• Equidad y transparencia en las licitaciones.
Un ejemplo de carencia de transparencia en grandes proyectos estratégicos fue el que, en mi calidad de testigo social, pude constatar a través de la designación que la SFP me encomendó para atestiguar un procedimiento licitatorio para la Prestación de Servicios Portuarios Integrales que pretendía realizar la CFE, en el cual mediante un profundo análisis del proyecto y la normatividad en la materia objeto de los servicios a contratar, el suscrito a través de reiteradas recomendaciones hizo hincapié a la CFE sobre la insuficiente justificación, motivación y fundamentación para la contratación de dichos servicios, lo cual derivó en la cancelación de esa licitación al considerarse que la Dirección General de Puertos de los Secretaría de Comunicaciones y Transportes era la facultada para llevar el procedimiento de contratación conforme a sus atribuciones.
Puedo citar el caso en el que durante el atestiguamiento de una licitación pública internacional para la contratación de Trabajos de Construcción de un Gasoducto en el Golfo de México realizada por Pemex Exploración y Producción (PEP), fui asediado por un servidor público de PEP, que me exigía una cantidad de dinero para realizar trámites administrativos concernientes al pago de mis viáticos bajo su argumento: “aquí todos le entran”, lo cual resultó en una denuncia penal de mi parte por el delito de cohecho, el cual, a su vez, fue sancionado por el Órgano Interno de Control de PEP.
Lo antes mencionado, no es algo ocasional, es una práctica común reiterada en ambas instituciones, sin embargo, como ciudadanos tenemos la obligación moral de exigir transparencia a través de las instituciones gubernamentales y los mecanismos con los que contamos, puesto que son el medio por el cual podemos contribuir a la rendición de cuentas y al combate de la corrupción.
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