En noviembre de 2011, el entonces candidato Enrique Peña Nieto publicó un libro con las principales ideas que animarían su campaña y, de ganar, su gobierno. En cuanto a la reforma fiscal, el libro mencionado claramente identificó tres fuentes de ingresos potenciales para el gobierno, que no estaban suficientemente aprovechadas: los impuestos directos representados por el ISR de empresas y personas, aportaciones que en México constituyen un porcentaje menor de ingresos gubernamentales que en otras economías de la OCDE, las exenciones fiscales y el IVA. De entonces a la fecha, el crecimiento económico se frenó, en parte, por la impericia gubernamental, por lo que se desechó la idea de generalizar el IVA, lo que además facilitó la alianza con el PRD.
Aunque la lógica de no generalizar el IVA en este momento también pudiera haberse aplicado a los empresarios para no aumentar el riesgo de una recesión, el Gobierno procedió tal como lo había anunciado en el texto mencionado, un poco bajo la lógica de hacer apurar el trago amargo e introducir las correcciones que de todas maneras tendrían que hacerse en el futuro cercano. Es una apuesta riesgosa, pero válida.
La que sigue es la reforma energética, que encontrará a un Gobierno más desgastado, con alianzas políticas más caras y problemáticas y con cuestionamientos vociferantes entre la iniciativa privada. Antes del difícil debate fiscal, el Gobierno había intentado suavizar el impacto político y psicológico de las reformas constitucionales a los hidrocarburos con la estrategia publicitaria de ser más cardenistas que Cárdenas. El Gobierno sacrificó audacia en la reforma —al negarse a incluir un régimen moderno de licencias y concesiones—, a cambio de tratar de obtener la aprobación de por lo menos un ala de la izquierda. No la obtendrá.
En cuanto a la población en general, la promesa de mejora en sus vidas a partir de la reforma energética es la de una rebaja en las tarifas eléctricas que no podrá obtenerse rápidamente, y que constituirá una promesa no cumplida en las próximas elecciones.
Pero la discusión en el Congreso sí abre la posibilidad de ofrecer una mejora concreta en la vida de toda la población a partir de reformas constitucionales que permitan el crecimiento sano de las finanzas y del desarrollo de Pemex. La reforma energética de 2008 previó un instrumento que hiciera sentir a los ciudadanos dueños de la empresa a través de las ventas de bonos ciudadanos, previstos en el artículo 49 de la Ley de Petróleos Mexicanos y que fomentara la vigilancia de éstos sobre la empresa, pero el esquema jamás funcionó. Los bonos no se emitieron.
Lo que hay que hacer es un esquema inverso: en vez de que los ciudadanos provean de fondos a Pemex, éste debe proveer fondos directamente a los ciudadanos. Desde el primer momento de la reforma, en cuanto se aprueben las leyes reglamentarias de las reformas constitucionales, debe constituirse un fondo, a semejanza del Child Fund desarrollado durante el gobierno de Tony Blair y de Gordon Brown en el Reino Unido, que abra una cuenta a favor de todo niño mexicano nacido ese año y los subsiguientes, con un valor inicial de entre 500 y mil pesos. Para 2014, la erogación sería de dos mil millones de pesos, pues cada año nacen en nuestro país dos millones de niños. Compárese con el subsidio a la gasolina y se verá que el fondo a los niños es una inversión viable.
Cada cuenta podrá recibir depósitos de los padres, padrinos, abuelos o amigos de la familia, hasta un tope que idealmente deberá ser deducible. El fondo constituido por ingresos de Pemex etiquetados para ese fin, complementados por otros recursos del Estado, deberá depositar mensual o anualmente una cantidad determinada en las cuentas de cada niño hasta que alcancen la mayoría de edad. Ni la familia ni los titulares de las cuentas tendrán acceso a esos recursos sino hasta que alcancen la mayoría de edad y los jóvenes puedan determinar el uso que mejor les convenga.
Este tipo de fondos, expresión particular de la tendencia a garantizar derechos universales a partir de ingresos mínimos universales, ha sido ensayado con muchas variantes, con diverso éxito, generalmente con resultados muy positivos, si se permite su continuidad.
En nuestro país, el programa piloto más exitoso fue el del ingreso mensual a los adultos mayores, implementado durante la jefatura de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal. Una idea brillante, implementada en forma sencilla y eficaz, que trajo al debate político y a las políticas sociales la práctica de la filosofía del “ingreso mínimo garantizado”, el “piso mínimo común”. Una idea que se salía del debate entre la práctica de los subsidios generalizados, como el subsidio a la tortilla o a la gasolina o a la electricidad, y los subsidios a poblaciones blanco, pues al mismo tiempo elegía una población blanco —los adultos mayores del DF— pero la beneficiaba en forma universal, generando dignidad, empoderamiento en los beneficiados y un nada despreciable efecto en la economía.
En el ejemplo de un fondo generado directamente a partir de las reformas a Pemex y CFE, que beneficie a todos los niños de México a partir de 2014, se fortalece el sentimiento de propiedad de Pemex por parte de cada una de las familias beneficiadas, es decir, por prácticamente todos los mexicanos, pues todos somos padres, abuelos, tíos, padrinos de un niño por nacer. De esta manera hay un incentivo natural para educarse financieramente y para establecer y participar en mecanismos de vigilancia de este fondo.
El ingreso garantizado a partir de cierta edad disminuye en los padres el sentimiento de angustia respecto al futuro de sus hijos y a estos les amplía la libertad de elegir una vocación. El propio concepto equivocado de “ninis”, del que tanto se ha abusado, tendría que ser cuestionado, pues quienes por alguna razón no estudian ni trabajan en esos momentos, cuentan de todas maneras con un respaldo económico para reiniciar sus estudios, emprender un negocio o trabajar sin tener que aceptar cualquier empleo. El bienestar de Pemex y CFE se convertiría en un tema cercano y de interés apremiante. ¿Por qué permitir decisiones equivocadas, negociaciones sindicales viciadas, alianzas dudosas, etcétera, que pueden poner en peligro la salud del fondo especial?
El fondo para la niñez es apenas un ejemplo; otro lo es la idea del Fondo Soberano, siguiendo el ejemplo de Noruega, de cómo podemos ejercer la propiedad de Pemex y CFE para beneficio de todos los mexicanos sin que las reformas constitucionales que atraigan más inversiones y “know how” tecnológico mermen ese poder. Y para escuchar más ideas respecto a Pemex, nos encontramos en Twitter: @ceciliasotog.
