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Mendoza.- Adultos mayores, a quienes desde noviembre del 2014 les suspendieron su pensión vitalicia de la Ley 223 que recibían del DIF estatal, resienten la falta del apoyo económico, están sin medicamentos y con riesgo que los desalojen por falta de dinero para pagar la renta.
La mayoría enfrenta pobreza extrema, pero recibían cada dos meses un poco más de 2 mil pesos, con lo que se ayudaban para cubrir sus gastos de salud, alimentación y vivienda, porque la mayoría sobrevive por sí mismos ante el abandono de sus familiares más cercanos.
Un claro ejemplo de ello, es el caso de una señora de 90 años de la colonia Madero, quien tiene un hijo al que recientemente le amputaron la pierna y a la que su casera la corrió del cuarto que le rentaba por no pagarle.
La mujer de la tercera edad que lleva ocho meses sin recibir el apoyo del DIF estatal, como puede, lava ropa ajena para obtener ingresos y mantenerse junto con su vástago discapacitado.
Sus clientes se aprovechan de la necesidad que tiene y le pagan cantidades irrisorias de hasta 10 pesos, no obstante, sabe que es la única forma de obtener dinero.
Los vecinos de su colonia hicieron un llamado a las autoridades del DIF para que auxilien a esta habitante, una más de los afectados por la falta de recursos estatales.
Al igual que ella, el mayor problema que enfrentan los adultos mayores es el temor de quedarse sin un lugar dónde vivir y sin recursos para sostenerse.
El apoyo de la Ley 223 que por más de ocho años fue también el sustento para el señor Dario de 79 años, quien habita en la colonia Centro, actualmente la ausencia del recurso lo orilla a padecer las dificultades de la pobreza extrema, dado que también está en riesgo de quedarse en la calle por no tener para pagar el arrendamiento del pequeño cuarto donde vive desde hace más de cinco años.
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