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‘Pega’ a niños violencia del crimen

Superiberia

AGENCIA

CDMX.- La violencia que generan los grupos del crimen organizado impacta de diferentes formas a los menores de edad en el país, quienes son víctimas de reclutamiento forzado y hasta de homicidio, pasando por la trata y la explotación, advirtieron
organizaciones civiles. 

Nancy Ramírez, directora de incidencia política de Save The Children, señaló que en México es una realidad constante que se registren hechos como el reciente asesinato de un niño de 9 años en Cancún, Quintana Roo, y la muerte de dos menores de edad en Amatlán, Veracruz, en un hecho que pobladores aseguraron que fue una acción de la Policía estatal.

“Pero también hay niñas y niños que son testigos de las violencias en sus comunidades, y también están los que son reclutados por el crimen organizado o que son víctimas de delitos cometidos por el crimen organizado, como trata, explotación,
secuestro”, añadió. 

“Y están también los niños, niñas y adolescentes que han perdido a mamás y papás debido a la criminalidad y que son huérfanos y son más vulnerables, y niñas y niños cuyos papás están en prisión, son múltiples las formas en las que son víctimas”.

Ramírez añadió que los menores de edad que crecen en comunidades violentas muchas veces son estigmatizados por la sociedad y las autoridades, que los miran como
potenciales criminales. 

“Esto provoca que se enfrenten a un tratamiento diferenciado y discriminatorio por parte de las autoridades del Estado mexicano que pueden llevar a actuaciones fatales para las niñas, niños y
adolescentes”, planteó. 

“Y también son víctimas de una estrategia concentrada en el control y la represión, ya los últimos 15 años no han demostrado que la militarización (de la seguridad) no es la vía
adecuada”. 

De acuerdo con Save The Children, algunos estados donde ocurre más el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de las bandas criminales son Guerrero, Tamaulipas y Sinaloa. En ese contexto, lamentó que en el Presupuesto de Egresos para este año se eliminaran recursos para la prevención de la violencia en las escuelas, como el Programa Nacional de Convivencia Pacífica, para privilegiar programas de asistencia social. 

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