Orizaba.- La denuncia que interpusieron más de 500 jubilados de la región ante la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, así como en la Fiscalía General del Estado (FGE), contra la Sefiplan y el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado, surtió efecto porque desde el mes pasado no se han registrado atrasos en los pagos de este sector.
Así lo indicó el representante del Frente Estatal en Defensa del IPE, Jesús Arenzano Mendoza, quien reconoció que recurrir a la vía legal fue la solución para que las autoridades estatales dejaran de violentar los Derechos Humanos de los adultos mayores, con el retraso del pago de pensiones.
Acotó que tras las recomendaciones de la CNDH y el proceso legal ante la Fiscalía contra el director del IPE, Octavio Antonio Gil García, el secretario técnico José Adán Córdoba Morales y el comisario propietario Ricardo García Guzmán, como funcionarios están condicionados a cumplir con sus funciones de proveer las pensiones puntuales a los jubilados.
Ante el éxito del sector, no descartó que el Frente realice las mismas acciones con otras dependencias gubernamentales que tienen adeudos económicos y de proyectos contra personas de la tercera edad, que son un sector vulnerable al no tener una forma estable para la obtención de recursos.
“Los funcionarios que falten a la Ley y violenten los Derechos Humanos van a ser sancionados, ya sea desde una amonestación hasta la inhabilitación de sus puestos. El procedimiento de queja y de carácter penal que interpusimos es el primero de este tipo a nivel nacional, en el tema de reclamos de los jubilados, y ahora dio efecto”, expresó.
