México.– La venta del avión presidencial alcanzaría para pagar casi dos jornadas laborales de los 52.6 millones de mexicanos que pertenecen a la Población Económica Activa (PEA); o bien –tomando el salario mínimo actual de 70.10 pesos– cada empleado tendría que trabajar al menos dos días para cubrir el costo del Boeing 787 Dreamliner que usa el Ejecutivo federal Enrique Peña Nieto para sus viajes.
El fin de semana pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), recibió la instrucción por parte del Presidente de analizar los beneficios de la venta de su avión que tiene un costo, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de 6 mil 979 millones de pesos, como una medida de austeridad ante el panorama económico.
En un país con 55.3 millones de pobres y en el que 24.6 millones de personas no cuentan con el ingreso promedio para adquirir una canasta básica de aproximadamente mil 743 pesos, los recursos que implica una aeronave de estas dimensiones resulta muy significativo.
Para Gerardo Esquivel Hernández, investigador del Colegio de México (Colmex), la preocupación tiene que ir en la dimensión de reducir el gasto.
“Por ejemplo: viajes innecesarios, en telefonía celular, asistentes, coches; es decir, cosas que no son de alguna manera labores sustantivas del sector público. Con esto puede haber un margen, quizá no tan grande, pero hay un margen de ajuste”, expuso.
De acuerdo con Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la población que habita en una ciudad que percibe un ingreso menor a 2 mil 542 pesos y mil 614 pesos en la región rural es pobre. En México hay 63 millones 817 mil 300 personas que viven con ingresos inferiores a la línea de bienestar.
Aunado a esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera que hasta 2013, México era el segundo país perteneciente a la organización con el salario mínimo más bajo, como porcentaje del sueldo mediano a jornada completa.
Agregó también que los niveles de calidad de trabajo en el país son mucho menores que el promedio de la OCDE: la inseguridad laboral “es particularmente alta en México” y la calidad del trabajo es la más baja para trabajadores con bajas competencias y para aquellos en el sector informal.
