por: Luis Alberto Romero / columnista
En este espacio hablaba sobre las irregularidades detectadas por la Contraloría General del Estado y por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Sefiplan, en el ejercicio de los recursos correspondientes al ejercicio 2014.
El tema que tiene contra las cuerdas y a punto de ir a la lona al exsubsecretario de Egresos de la Sefiplan, Carlos Aguirre Morales, y al exTesorero de la misma dependencia, Antonio Tarek Abdalá Saad, actual diputado federal por el distrito de Cosamaloapan; y que el problema radica en la diferencia entre los recursos que llegaron a las arcas estatales, procedentes de la Federación, y los pagos realizados, algo así como 19 mil 840 millones 570 mil pesos.
En términos generales, los recursos de diferentes fondos del Ramo 33, más de 40 mil millones, de los cuales sólo pudieron comprobar 25 mil 467 millones, por lo que existiría una diferencia en las cuentas presentadas de 14 mil 547 millones de pesos; eso sin contar con el ejercicio de los recursos estatales.
El mayor problema para los acusados, a quienes se les fincaron responsabilidades administrativas que luego se tradujeron en denuncias ante la Fiscalía, es que prácticamente no hay área del gobierno que no registre anomalías en la aplicación de los recursos públicos. Por ejemplo, en materia de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero, la Sefiplan recibió recursos federales por 96 millones 470 mil pesos, pero sólo ejerció 20 millones, quedando sin comprobar 76 millones 470 mil pesos.
Peores números registran los recursos que debieron aplicarse en materia de Salud: de los 138 millones 958 mil pesos que llegaron para aplicar en el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud, la Sefiplan no ejerció un sólo centavo. Igual ocurrió con el dinero del Programa de Seguro Médico Siglo XXI, más de 79 millones; con los 29 millones 414 mil del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad; con los 17.5 millones del Plan de Emergencia Radiológica Externa; y con los 21 millones 266 mil pesos en recursos de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, cuyo ejercicio fue de 0 pesos.
Eso sin contar con los 300 millones que correspondían a dos programas fundamentales: el de Desarrollo Humano Oportunidades y el de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en las Entidades.
Rosario de
irregularidades
No es todo; en materia educativa, la Contraloría a cargo de Ricardo García Guzmán detectó una enorme diferencia entre los recursos que llegaron desde la Tesorería de la Federación (más de 3 mil 441 millones de pesos); y los pagos realizados por la Secretaría de Finanzas (mil 869 millones); sólo en ese rubro se habla de la falta de comprobación de más de mil 572 millones de pesos.
A esas cantidades se suman las falta de comprobaciones de recursos que debieron canalizarse a la Protección al Ambiente, casi 42 millones de pesos; a Finanzas, 419 millones; a Seguridad Pública, 150 millones; a Turismo y Cultura, 34 millones; y a Desarrollo Social, 228 millones 846 mil pesos, entre otros rubros correspondientes a fondos, aportaciones y convenios.
Esa es, en términos muy generales, la información de las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos de la cuenta 2014; por supuesto, no todas esas observaciones se tradujeron en faltantes ni constituyen actos delictivos por parte de los personajes señalados; sin embargo, sí hablan del poco aseo detectado en el manejo de los recursos púbicos, problema que tiene a Carlos Aguirre en calidad de prófugo de la justicia, y al diputado Antonio Tarek Abdalá a punto de perder el fuero para ser presentado ante la justicia.
Pacho Viejo espera
nuevos inquilinos
Se trata de una historia que sólo refleja lo ocurrido en Sefiplan durante 2014; esas cifras y esas irregularidades no incluyen lo registrado en 2015 y 2016, años que tuvieron a otros responsables en el manejo de los recursos. La lista de los exfuncionarios llamados a cuentas aumentará de forma significativa en los próximos meses, al igual que los inquilinos del penal de Pacho Viejo.
Hasta hoy, cuatro son los exfuncionarios del Gobierno estatal que se encuentran en dicho centro de readaptación: Arturo Bermúdez Zurita, Flavino Ríos Alvarado, Mauricio Audirac Murillo y Francisco Valencia García, ex titulares de las secretarías de Seguridad Pública, Gobierno (también ejecutivo interino), Finanzas y Comunicaciones, respectivamente. A esos nombres se suman los de Leonel Bustos y Carlos Aguirre (Seguro Popular y Subsecretaría de Egresos), quienes se encuentran en calidad de prófugos de la justicia. Por supuesto, el principal pendiente, la captura más esperada, sigue siendo el exgobernador Javier Duarte de Ochoa. @luisromero85
