De la Redacción
el buen tono
Córdoba.- El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y la Fiscalía llevan dos años y medio echándose la bolita para sancionar al gobierno de Leticia López Landero y hasta ahora sigue permeando la impunidad, a pesar de las acusaciones por corrupción.
Por un lado, el Orfis señala que ellos ya determinaron el desvío de 107 millones de pesos en la administración de la panista, y ahora deberá ser la Fiscalía quien inicie la investigación y, en su caso, encarcele a los responsables.
Sin embargo, la Fiscalía se calla argumentando que por la secrecía de la investigación no puede decir cómo va el proceso, aun cuando las denuncias tienen que ver con el dinero público.
Lamentablemente, a lo largo de la historia de Córdoba no se tiene registro de que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) o la Fiscalía hayan obligado a ningún alcalde o funcionario a devolver un solo peso de lo robado, ni tampoco les han quitado nada.
Tampoco se ha procedido a meter a la cárcel a ningún implicado, incluso a pesar de determinaciones que señalan claramente el daño patrimonial.
Un ejemplo destacable es el caso del gobierno de Leticia López Landero, que ha disfrutado de la impunidad, pues no se ha tomado ninguna medida en su contra, a pesar de que el Orfis ha determinado un daño patrimonial considerable de 107 millones de pesos durante su gestión.
La promesa de la Cuarta Transformación, impulsada por el partido Morena, era clara en cuanto a erradicar la corrupción y garantizar que los responsables rindieran cuentas por sus actos, sin embargo, la realidad en Córdoba demuestra una clara discrepancia entre las palabras y las acciones.
De esta manera, los cordobeses continúan esperando justicia y transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Y es que la impunidad sólo perpetúa el ciclo de abuso y desconfianza en las instituciones gubernamentales, afectando gravemente el bienestar y la confianza de la ciudadanía.
