Mariana Gutiérrez H.
El Buen Tono
CÓRDOBA.- Como parte de la investigación a las observaciones y el daño patrimonial en el que incurrieron exfuncionarios estatales y municipales, más de media centena fueron inhabilitados y se presentarán nuevas denuncias penales, esto de acuerdo con el reporte que emitió la auditora general, Delia González Cobos, el cual entregó a diputados locales.
Una vez que se aprueban las cuentas públicas se deben iniciar procesos administrativos o penales con la idea de sancionar a quien malversó los fondos públicos o no logró justificar el gasto del dinero etiquetado.
Del daño patrimonial detectado en el ejercicio 2017, se prevén ocho nuevas denuncias de expedientes que se turnaron al jurídico del Orfis, en los casos de los municipios de Amatlán de los Reyes, Aquila, Misantla, Pueblo Viejo, San Andrés Tuxtla, Tepatlaxco, Zaragoza y Zozocolco de Hidalgo.
Para el ejercicio 2018, se presentarán tres denuncias en los casos de la Secretaría de Educación de Veracruz, el Tecnológico de Alvarado y a quien resulte responsable del municipio de Ixhuatlán de Madero.
En el caso de 2019, se turnaron 28 expedientes al jurídico para presentar denuncias contra quien resulte responsable por faltas graves en el manejo del presupuesto en el Tecnológico de Perote y en los municipios de: Altotonga, Alvarado, Alto Lucero, Ángel R. Cabada, Aquila, Castillo de Teayo, Chalma, Chinameca, Ixhuatlán del Sureste, Jamapa y Tres Valles, entre otros.
Según la ley, el Orfis cuenta con un periodo de siete años para tomar acciones por el daño patrimonial generado a las arcas municipales o estatales; en órganos autónomos y desconcentrados. Se debe auxiliar de los órganos internos de control de los entes fiscalizables para investigar y sancionar.
El reporte detalla que como parte de la investigación y sustanciación del seguimiento de la Cuenta Pública de 2020 se turnaron 15 expedientes a la Dirección Jurídica para presentar denuncias penales contra quien resulte responsable por el presunto desvío de recursos públicos.
El documento destaca los avances en el proceso de fincamiento de responsabilidad de las cuentas públicas de 2017 y 2018 en el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares, y de 2019 y 2020 del actual gobernador de Morena, Cuitláhuac García.
