Un juez de Argentina ha emitido una orden de captura internacional contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario María Zambrana Murillo, por presuntas violaciones a los derechos humanos, según informó este lunes uno de los abogados que impulsan la denuncia.
La orden fue firmada por el juez federal Ariel Lijo, quien, desde 2022, investiga las acciones del gobierno nicaragüense tras una denuncia presentada por diversos actores, incluido el abogado argentino Darío Richarte. La resolución, que llega después de casi dos años y medio de investigación, implica a Ortega, Murillo y a otros miembros de su gobierno en un proceso judicial por graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 2018 y 2024.
En una publicación en la red social X, Richarte detalló que el juez Lijo ha resuelto citar a los acusados para que presten declaración indagatoria y ha solicitado su captura internacional con fines de extradición. La denuncia sostiene que, desde 2018, el gobierno de Ortega implementó un “plan sistemático y generalizado de violenta represión” contra la población civil nicaragüense, empleando el aparato estatal para disuadir las protestas sociales y perseguir a la oposición política.
La investigación ha documentado múltiples abusos, entre ellos encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, y la persecución de opositores políticos y religiosos. También se han denunciado actos de censura mediática, deportaciones, y la supresión de derechos fundamentales, como el derecho a la atención médica y a la educación.
La denuncia fue presentada bajo el principio de jurisdicción universal ante los tribunales federales de Buenos Aires el 26 de agosto de 2022, y se ha ampliado en siete ocasiones desde entonces, involucrando a abogados, académicos y estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Daniel Ortega, de 79 años, quien lidera el Frente Sandinista de Liberación Nacional, gobernó Nicaragua entre 1985 y 1990, y luego regresó a la presidencia en 2007. Esta nueva orden de captura llega en un momento de creciente presión internacional sobre el gobierno de Ortega, cuyo régimen ha sido ampliamente criticado por sus abusos contra los derechos humanos y su falta de democracia.
La comunidad internacional sigue de cerca este proceso, que podría tener implicaciones importantes para la situación política en Nicaragua y para la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano.
