>> El ver a los profesores salir corriendo, debería ser una lección para quienes temen desbaratar un bloqueo porque los pueden acusar de represores.
El Estado mexicano pudo haber encontrado el viernes la forma de romper el hechizo que lo maniata desde 1968: usar la fuerza pública para imponer el orden no tiene por qué ser sinónimo de reprimir, de violar los derechos humanos.
Al liberar el bloqueo en la Autopista del Sol —que por enésima vez habían realizado miembros de la disidencia magisterial a la altura de Chilpancingo—, la Policía Federal, bajo el mando de Manuel Mondragón y Kalb, procedió de manera intachable.
No hago el comentario anterior a la ligera. Casi no hubo manifestantes heridos (al momento de escribir estas líneas se hablaba de seis y ninguno de gravedad). Y pese a que fueron atacados con palos, varillas y hasta cocteles molotov, sólo se reportaron ocho policías lesionados. En total había dos mil policías y tres mil manifestantes en la carretera.
Es difícil pensar que se trata del mismo cuerpo de seguridad que resguardó la Cámara de Diputados el 1 de diciembre. En aquella ocasión los policías federales —que enfrentaron una agresión similar— reaccionaron con mucho menos orden y pericia. Aquella vez hubo heridos por el disparo de latas de gas lacrimógeno y se pudo ver a policías devolviendo las piedras que les habían lanzado los manifestantes.
Con el operativo del viernes pasado, el Gobierno Federal puso fin a dos semanas de negociaciones con los miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), que comenzó con otro bloqueo de la Autopista del Sol, aquel que dejó varados a miles de automovilistas el 22 de marzo en el inicio del periodo vacacional.
Dos días después escribí en este espacio que la disidencia magisterial agrupada en la CNTE era un obstáculo que hacía falta retirar para que pudiera prosperar la reforma educativa.
¿Por qué? Pues porque la CNTE asume que las plazas de maestro que detentan los miembros de la organización les pertenecen y no tienen por qué ser puestos a prueba.
En el mejor de los casos, los profesores de la CNTE aceptarían una evaluación a modo —tropicalizada, como diría el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué—, que reconociera las “diferencias socioeconómicas y culturales” de la región donde desempeñan sus actividades.
Eso significa, de entrada, que los propios disidentes asumen que no tienen condiciones para competir con maestros de otras partes del país antes siquiera de que se haya aprobado la legislación secundaria de la reforma educativa y se hayan diseñado las evaluaciones y se haya determinado su propósito.
Tienen razón los profesores de la CNTE de que su desempeño en las aulas ha sido peor que el de maestros en otras zonas del país. El nivel educativo en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán —los estados donde tiene más fuerza la disidencia— está entre lo peor que hay.
Puede ser que las condiciones de pobreza de esos estados incidan en el aprendizaje de los alumnos, pero para llegar a una conclusión en ese sentido habría que comparar la educación municipio por municipio, no estado por estado.
Alegan que los profesores del sur tienen peores condiciones laborales que los del norte, como si en esta última región no hubiera municipios de alta marginación, por ejemplo, los de la Sierra Tarahumara o el semidesierto zacatecano.
La verdad es que si se fueran a diseñar evaluaciones especiales por cada caso particular que existe en México, habría que pensar también en los lugares donde la violencia del crimen organizado dificulta la labor del magisterio.
Pero nunca he escuchado a los maestros de la CNTE esgrimir ese argumento porque lo que quieren es no ser evaluados y seguir con una práctica que ya les conocemos: interminables paros magisteriales en los que los profesores cobran sin trabajar.
Hace dos semanas escribí aquí que ese no fue el espíritu con en el que nació la Coordinadora, en diciembre de 1979. La CNTE se creó para combatir las malas condiciones de trabajo que enfrentaban los profesores y prácticas de corrupción en el otorgamiento de plazas.
La Coordinadora fue incluso una organización heroica, que enfrentó el asesinato de varios de sus miembros durante la etapa en que Carlos Jonguitud Barrios y Elba Esther Gordillo encabezaron al SNTE.
Sin embargo, como ha reconocido incluso uno de los ex dirigentes de la CETEG, la disidencia magisterial se convirtió en un grupo de presión que recurre al chantaje para arrebatar recursos a sus patrones directos, que son los gobiernos estatales desde la descentralización educativa.
Bajo la amenaza de movilizarse y hacer muy difícil la vida de los habitantes de los estados donde tiene fuerza, la CNTE logra conquistas para sus agremiados: plazas automáticas para los egresados de las escuelas normales, pago para comisionados sindicales y profesores en paro, y hasta 90 días de aguinaldo, entre otras.
Cuando digo que saben cómo hacer difícil la vida de los ciudadanos, me refiero, por supuesto, a los plantones interminables que hemos visto en Morelia, Chilpancingo, Oaxaca y otras ciudades —que afectan la actividad comercial y la rutina diaria de miles de personas—, pero también a actos criminales, como la toma de carreteras y el secuestro y destrucción de autobuses de pasajeros.
Recordemos que hace algunos meses los estudiantes de la normal de Tiripetío, Michoacán, bajaron a los pasajeros de autobuses en plena carretera, sin permitirles llevarse sus pertenencias, para luego robarse e incendiar los camiones y asaltar tiendas de conveniencia.
En Oaxaca hemos visto a normalistas y profesores tomar casetas de peaje, dejando a los automovilistas sin el comprobante, que funge como seguro en la autopista, y pedir “una contribución solidaria” a su movimiento.
Horas antes de la liberación de la Autopista del Sol por parte de la Policía Federal, comenté ante un grupo de colegas de Grupo Imagen Multimedia que me parecía que ya no había nada que negociar con la CNTE en las actuales condiciones. Argumenté que mientras se les siguiera permitiendo ejercer las medidas de presión a las que nos tienen acostumbrados, el Gobierno Federal —que había relevado a los gobernadores en esa tarea, ante su incapacidad de resolver el problema— estaría en desventaja.
Me parecía evidente que los profesores de Guerrero y Oaxaca no aceptarían nada que no fuera mantener las actuales condiciones en las que acceden a las plazas. Otra cosa sería apostar al suicidio. La CNTE se jugaría su existencia misma si aceptara una evaluación seria.
Los maestros disidentes ya habían mostrado de lo que eran capaces. Ante la negativa del Congreso de Guerrero de aprobar una contrarreforma educativa en sus términos, apedrearon la sede de la Legislatura y tomaron dos veces la Autopista del Sur.
El Gobierno Federal decidió actuar ante la segunda de esas tomas.
Insisto en que lo hizo de una forma ejemplar. Dio un plazo a los manifestantes para liberar la carretera, cosa que no hicieron. Los dos mil policías actuaron en completo orden, sin el uso de toletes o armas, como las que sí empleó la fuerza pública de Guerrero ante una manifestación similar en diciembre de 2011.
El ver a los profesores salir corriendo el viernes debería ser una lección para los gobernantes que temen desbaratar un bloqueo porque los pueden acusar de represores.
Los hechos de Chilpancingo muestran que hay formas de aplicar la ley e implantar el orden sin que haya sangre.
Por supuesto, es posible que apenas estemos al principio de un juego de fuerzas entre la CNTE y el Gobierno Federal. Me extrañaría que el magisterio disidente se quede cruzado de brazos, pero el Gobierno Federal y los gobiernos estatales deben tener claras tres cosas:
1) Su obligación es aplicar la ley y esto no es sinónimo de reprimir;
2) La mayoría de los ciudadanos no apoyan la preservación de las canonjías de la CNTE ni sus movilizaciones y actos violentos, y
3) Sacar adelante la reforma educativa es importante en sí mismo, para sacar al país de los últimos lugares de aprendizaje entre las naciones de la OCDE, pero también porque del éxito de esta reforma depende en buena medida el éxito de las subsecuentes.
