Caracas,.- El líder del partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, preso en un penal militar desde el 18 de febrero pasado, insistió en que “el cambio político y social” que reclama en su lucha contra el presidente Nicolás Maduro, debe ser en paz, “pero en la calle”.
El cambio sólo puede llegar de la mano de millones de personas en la calle, en paz y sin violencia, pero en la calle”, remarcó en un cuestionario que publicó ayer el diario caraqueño El Nacional.
El economista, alcalde entre 2000 y 2008 del municipio caraqueño de Chacao, epicentro de las protestas que se repiten desde el 12 de febrero pasado, dijo que no se arrepiente de haberse entregado voluntariamente tras haber sido acusado de hechos de violencia registrados en una marcha pacífica que derivó en incidentes.
Reveló que en la penitenciaria reservada para jefes militares acusados de delitos solo puede ser visitado por su esposa, padres y abogados, y que se le impide tener contacto con otros presos.
“Soy un preso político, un preso de conciencia de Maduro y su institucionalidad manipulada”, indicó.
En su declaración a El Nacional, que afirma que López está consciente de haber contribuido “con la chispa que encendió la llama” de las protestas, el dirigente político insistió en que la oposición debe mantenerse en la calle y también extender la protesta a sus lugares de estudio y trabajo, entre otros ámbitos.
“No basta con la conducción, es necesaria la organización de la lucha no violenta (…) La calle es el principal escenario de lucha, pero no el único. El aula de clase, el lugar de trabajo, el carrito en las colas para comprar alimentos y la familia tienen también que ser escenarios de protesta no violenta”, sostuvo.
Exige recomposiciÛn del Gobierno
Como objetivo de corto plazo, López enumeró “exigir justicia” por las 18 muertes y decenas de heridos y detenidos que hasta ahora han dejado las protestas, un desfalco de divisas admitido por el Gobierno y “que se recompongan los poderes públicos”.
Esto último, explicó, pasa por la sustitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de los titulares del Consejo Nacional Electoral, la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
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