Por: Andrés Timoteo / columnista
No es algo nuevo. Las tragedias siempre destapan lo peor y lo mejor de los seres humanos. Es decir -como ya en un texto anterior se había mencionado- son la oportunidad para mostrar la grandeza y la pequeñez de los hombres. El último sismo que azotó la Nación y que ocasionó daños severos al Centro del País es prueba de ello. La opinión pública ha estado en vilo especialmente sobre lo sucedido en la Ciudad de México, urbe que fue castigada como hace 32 años con un terremoto similar.
Más aún, la atención mediática se ha centrado en la escuela Enrique Rébsamen, ubicada en la colonia Nueva Oriental Coapa, al Sur de la capital, cuyo edificio se derrumbó sobre los alumnos. Las cifras ‘bailan’, como siempre sucede en estos casos, algunos dicen que son 19 y otros que 24 los cadáveres de niños rescatados, otros que hay 30 más bajo los escombros. El colmo es que de la información extraoficial o inexacta se pasó a la leyenda urbana: la supuesta invención de una niña llamada “Frida Sofía”, cuya voz fue escuchada por rescatistas.
Esa pequeña, se ha dicho en los medios masivos de comunicación, habla y pide agua, dice que está con otros niños y hasta afirman que sacó la mano. Aunque algunos han desmentido que haya existido una niña con ese nombre entre los estudiantes del colegio, ella es el ingrediente melodramático de una noticia bien vendida de la tragedia, la cual es aprovechada -obviamente- por las empresas periodísticas para atrapar el rating de audiencia.
Lo anterior, se insiste, no es nuevo. Hay que recordar el caso, con todas sus historias ficticias y alegorías que se construyeron alrededor del mismo, de los 33 trabajadores atrapados en la mina San José de Chile, en agosto de 2010, quienes permanecieron en el interior del lugar derrumbado durante 69 días. Cada una de esas 69 jornadas fue de cobertura permanente por los medios informativos. Después hasta una película fue filmada.
Pese a que muchos condenan la centralización de la prensa sobre un foco específico, en este caso, el colegio Rébsamen, hay que clarificar que es una oportunidad mediática. Los espacios informativos quedarían rezagados si no se ocuparan del mismo. Que la información se ‘venda’ con un toque melodramático no debe extrañar a nadie, lo malo del asunto es la imprecisión, las “fake news” (noticias falsas) que se van tejiendo en torno al caso, y que deberán caerse conforme pasa el tiempo.
En el otro bordillo está el oportunismo político de la tragedia -no hay que confundirlo con la oportunidad-. El desastre y el dolor humano son un plato apetitoso para la gente del poder. Ahora hay un revuelo -que no debate porque no se ha llegado a ese nivel de seriedad- sobre la exigencia de que las prerrogativas que se destinarán a los partidos políticos -6 mil 788 millones de pesos- se donen a los damnificados por el sismo.
La idea, surgida en las plataformas y redes sociales, suena atractiva, pero no deja de ser un silogismo engañoso, pues sirvió para abrir un deslucimiento o en su caso el linchamiento mediático hacia los partidos políticos que decidan o rechacen donar ese dinero. Mostrarse solidarios con las víctimas en los umbrales de una elección presidencial acarrea popularidad y no hacerlo, será un motivo para que sean atacados sin misericordia.
Es más, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya les ganó el brinco al resto de las instituciones partidistas y anunció que el 20 por ciento de su financiamiento será ocupado en ayudar a los afectados por el temblor, según su dirigente y aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Para no quedarse atrás, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa, llamó encarecidamente al Instituto Nacional Electoral (INE) a darles permiso para ‘regalar’ parte de su presupuesto a las víctimas.
A la par, el dirigente de Acción Nacional, Ricardo Anaya, se sumó al sainete, pidiendo también autorización al INE y a la Secretaría de Hacienda para poder destinar parte de las prerrogativas partidistas a la causa. Todo suena bonito, ¿no es así?, y los activistas de las redes sociales parece que se van a anotar un triunfo si no fuera porque la trampa está en la propiedad del dinero en cuestión y el tiempo para disponer de ellos.
Esos casi 7 mil millones de pesos para los partidos políticos serán aplicables en el 2018, no ahora. El dinero no está disponible -teóricamente- y comenzará a fluir hasta el año siguiente, y en segundo lugar -y lo más importante- esos recursos no son de los políticos sino de los mexicanos. Ni López Obrador, ni Anaya ni Ochoa son “donadores” porque no son dueños de ese dinero, el cual sale del bolsillo de los ciudadanos. ¿Por qué no les exigen que donen su salario o sus recursos personales, no lo ajeno?
No hay que dejarse engañar. La cuestión es semántica, pero muy importante. No hay que exigir que los dirigentes partidistas “donen” un dinero ajeno sino que el gasto electoral para el 2018 disminuya y los recursos financieros se usen para apoyar a las personas damnificadas y para la reconstrucción de la infraestructura dañada. No hay que cederles motivos de lucimiento y populismo a los actores electorales. Ese es un error alimentado, paradójicamente, desde las propias redes sociales cuyos miembros se pintan como antigobiernistas y antisistema.
Ahora esos mismos activistas de escritorio, quienes firman peticiones, les dieron a los oportunistas electorales la posibilidad de usar la tragedia como escaparate de promoción. Se suman al juego del sistema, pues los ciber-activistas hoy piden que se “done” parte del presupuesto electoral para ayudar a los damnificados, pero no dicen nada de los 2 mil 797 millones de pesos que este año se destinaron a pagar la seguridad y gastos personales del presidente Enrique Peña Nieto y su familia.
El mexiquense le costará al erario casi 20 mil millones de pesos en los seis años de su mandato, ¿a poco eso no es más indignante que los 7 mil millones de pesos que se asignaron a los partidos políticos? De colofón, la tragedia por los terremotos trepa al tapete mediático a personajes que aspiran a un cargo de elección popular para el año siguiente, entre ellos a los delegados de Tlalpan y Cuauhtémoc, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, respectivamente, quienes aspiran al Gobierno de la Ciudad de México y al actual ocupante de ese cargo, Miguel Ángel Mancera, quien sueña con una postulación presidencial.
BUENAS NOTICIAS
Enmedio del infortunio por los fenómenos naturales que castigan al País, en Veracruz hay dos buenas noticias, aunque son en el tema judicial. La primera es que la Fiscalía General habría capturado al autor material del asesinato del periodista Ricardo Monluí Cabrera, perpetrado en marzo pasado en Yanga.
Como se sabe, el homicidio de Monluí fue el primer caso de un periodista victimado en el nuevo Gobierno en turno. A seis meses del ataque se ofrecen resultados, según lo dicho por la dependencia, en base a una investigación criminalística rigurosa. Claro, falta que se compruebe que el detenido, identificado con el apodo de “La Paloma”, sea efectivamente quien agredió al comunicador y así se calará la rigurosidad presumida en la pesquisa.
Además, no basta con la captura de este individuo sino que la Fiscalía debe dar con el o los autores intelectuales del crimen, sólo así estará resuelto el caso y se habrá acercado justicia a la víctima, a sus dolientes y al gremio periodístico. Y no sólo el de Ricardo Monluí sino que también está pendiente reabrir archivos y reanudar investigaciones por los asesinatos de los otros compañeros, cuyos expedientes se retorcieron para dar impunidad a los criminales, lo que fue la especialidad durante los doce años de la fidelidad.
Hablando de esa etapa negra, la segunda buena nueva es que también fue detenido en Mazatlán, Sinaloa y traído a Veracruz, el exdirector de Readaptación y Reinserción Social, José Óscar Sánchez Tirado, quien estuvo en ese cargo durante dos años, de 2014 a 2016, en pleno auge de la Administración estatal de Javier Duarte de Ochoa.
¿Se acuerdan de él?, es el famoso guardaespaldas conocido con el sobrenombre de “Monsieur”, pues en algún tiempo presumió haber sido escolta del galo-mexicano Joseph Marie Córdova Montoya, el poderoso asesor del más innombrable de los innombrables, Carlos Salinas de Gortari, y quien llegó a la Dirección de los penales por su cercanía con el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, hoy también preso en el penal de Pacho Viejo.
Pues bien, Sánchez Tirado es la muestra del grado de descomposición en que estaba el Gobierno de Duarte de Ochoa y el nivel de penetración del crimen organizado en las dependencias oficiales. El tipo no sólo permitió operar a los cárteles de la delincuencia desde los reclusorios sino que él mismo encabezaba una banda de secuestradores. A Sánchez Tirado se le acusa de la desaparición y asesinato de una persona de nombre Carlos David Bautista López.
Pero además, Sánchez Tirado fue partícipe en el secuestro y tortura carcelaria que sufrió la periodista María Josefina Gamboa en el reclusorio de Tuxpan. Obedeciendo las instrucciones de Duarte de Ochoa y del entonces vocero estatal, Alberto Silva; el famoso “Monsieur” se encargó de que la columnista tuviera un infierno asegurado en esa prisión. Hoy está tras las rejas, al igual que Duarte y Bermúdez. Sólo falta Silva Ramos, hay que esperar.
A LA PICOTA
La semana aciaga cierra con una tercera buena nueva: el Juzgado Decimoctavo de Distrito negó el amparo del impresentable exgobernante estatal para evitar el citatorio que la Fiscalía General le había hecho, a fin de que compareciera por el caso de los medicamentos clonados que se suministraron a enfermos de cáncer durante su gestión.
Como se recordará, la cita fue programada para el pasado 18 de septiembre, pero el innombrable no acudió, alegando que se le requería como “investigado”, un término que no aparecía en el léxico de la nueva legislación penal, además argumentó que se atropellaban sus derechos humanos -¡vaya cínico!- por lo que promovió un amparo indirecto para no darse por aludido. Pues bien, ese amparo ya le fue negado y tendrá que acudir a comparecer.
El Juez Federal consideró que el llamamiento de la Fiscalía es legal porque “no le violenta ningún derecho fundamental, ni le causa perjuicio alguno, pues la autoridad debe practicar todos los actos necesarios para determinar la existencia del hecho delictivo”. Ahora tendrá que haber un segundo citatorio y si no se presenta, entonces la Policía tendrá que echarle el guante y traerlo por la fuerza. ¿A poco no es una buena noticia en medio de todo lo triste?
