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Venezuela.- Hace varios días, cientos de personas se congregaron frente al centro de detención conocido como Zona 7 en Caracas, la capital de Venezuela. La multitud se amontonaba alrededor de listas de presos, aferrándose a bolsas de plástico llenas de comida que habían preparado para los reclusos. La escena reflejaba la desesperación de aquellos que esperaban noticias sobre sus seres queridos, detenidos en circunstancias cada vez más oscuras.
Las historias contadas por los familiares eran alarmantemente similares: hijos, hijas, y hermanos arrestados mientras iban en moto, regresaban del trabajo, salían de una panadería, o visitaban a un familiar en los días posteriores a las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio. Las detenciones parecían ser tanto generalizadas como selectivas, y la falta de comunicación sobre los cargos enfrentados por los detenidos aumentaba la angustia.
La reciente ola de represión en Venezuela ha sido desatada por el gobierno de Nicolás Maduro, que se ha atribuido la victoria en unas elecciones que la oposición y diversos observadores internacionales han calificado de fraudulentas. Maduro, en un acto que ha sido ampliamente criticado, no ha presentado un recuento de votos que respalde su declaración de victoria. La oposición ha publicado resultados que indican una derrota aplastante para el actual presidente.
Según expertos y activistas de derechos humanos, Maduro, aparentemente repudiado por la mayoría de los votantes, está utilizando su poder para castigar a quienes considera desleales. El gobierno afirma haber detenido a más de 2000 personas en conexión con protestas contra los resultados electorales. Estas detenciones han ocurrido tanto durante las manifestaciones como en redadas selectivas posteriores, bajo lo que el gobierno ha denominado la “Operación Tun Tun”.
El aumento en el número de detenciones es alarmante, especialmente porque algunos arrestos se han producido después de que Maduro instara a sus partidarios a denunciar a sus vecinos mediante una aplicación gubernamental destinada originalmente a informar sobre problemas básicos como caídas de líneas eléctricas. “¡Máximo castigo! ¡Justicia!”, exclamó Maduro en un mitin reciente. “¡Esta vez no va a haber perdón!”
Esta represión feroz ha resultado en la detención de al menos dos abogados de derechos humanos, entre ellos uno que fue arrestado al intentar obtener información sobre otros detenidos. También se reporta que una activista fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía mientras intentaba salir del país.
En una transmisión en vivo, María Oropeza, dirigente del partido de oposición en Portuguesa, desafió a los agentes de policía que se presentaron en su hogar sin una orden de allanamiento. “Creo que primero deberías mostrarme si tienes una orden de allanamiento, ¿no?”, se le oye decir. La situación es aún más preocupante en el estado de Sucre, donde el alcalde Jordan Sifuentes, el único alcalde opositor en el estado, lleva una semana detenido sin cargos claros. José Mosquera, alcalde del municipio Lagunillas en Zulia, estuvo detenido durante seis días tras ser acusado de publicar un tuit contra el gobierno, acusación que él ha negado.
La situación en Venezuela continúa evolucionando, con una represión creciente que apunta a silenciar cualquier forma de disidencia en el país.
