AGENCIA
Xalapa, Ver.- El representante de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Alan García Campos, expresó su preocupación por la violencia que enfrentan las madres buscadoras de personas desaparecidas en el estado de Veracruz. Durante su participación en el conversatorio “Derechos Humanos, Búsqueda y Justicia para Víctimas de Desaparición Forzada” en la Universidad Veracruzana (UV), García Campos calificó como grave el reciente asalto a la activista Araceli Salcedo y su hijo en la autopista Orizaba-Puebla, el pasado 24 de agosto.
El funcionario de la ONU señaló que es alarmante que personas dedicadas a la búsqueda de víctimas de desaparición sean blanco de la delincuencia con total impunidad, especialmente en carreteras limítrofes de Veracruz, a pesar de que el gobernador Cuitláhuac García afirmó que el asalto ocurrió del lado de Puebla.
Durante su intervención, García Campos criticó la crisis de desapariciones en Veracruz y la poca atención que han brindado las autoridades a este problema. Recomendó que se brinde protección efectiva a las y los activistas que buscan a víctimas de desaparición y destacó la necesidad de un cambio en las reglas para garantizar una atención adecuada, protección y reparación integral a las víctimas y sus familiares.
El representante de la ONU también lamentó que el registro nacional de personas desaparecidas, realizado por el Gobierno de la República, no sea confiable. Según García Campos, México enfrenta una crisis forense con más de 52 mil cuerpos sin identificar en espacios públicos y más de 115 mil personas no localizadas en todo el país, mientras que solo se han emitido 40 sentencias por delitos relacionados con desapariciones.
Finalmente, García Campos hizo un llamado a las autoridades mexicanas para desarrollar políticas de prevención de desapariciones basadas en un enfoque de seguridad ciudadana y para investigar adecuadamente estos delitos. Subrayó la importancia de fortalecer institucionalmente a las entidades de búsqueda, atención, fiscalías especializadas y centros forenses, y de impulsar la implementación de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos.
“Hay, podríamos decir, un permiso o una licencia para desaparecer a personas sin que haya consecuencia punitiva frente a un crimen que nunca debe quedar impune”, concluyó García Campos.
