De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba. – La muerte de “Alondra”, de siete años, golpeada hasta morir por su padrastro en San Matías Los Mangos, no es solo un caso aislado: es el reflejo de un sistema que naturaliza y normaliza la violencia contra la infancia. Mientras su familia paterna exigía custodia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Córdoba, encargado de protegerla, no actuó.
Tampoco lo hizo cuando “Natalia”, de cuatro años, fue asesinada meses antes. Ambas historias comparten un hilo invisible: la pobreza, la desigualdad y un Estado que solo aplica parches.
En entrevista, María Yunes Choperena, directora del DIF municipal, detalló los protocolos: denuncias vía el 911, visitas de trabajadoras sociales y evaluaciones médicas. Sin embargo, admitió que en 2024 solo han intervenido en cuatro casos de violencia familiar con menores involucrados.
Sobre Alondra y Natalia, no hubo reportes previos: “De ser así, la procuraduría hubiera actuado”. La ayuda se limitó a apoyos funerarios y al resguardo de una bebé de seis meses.
Lucía Serrano Piña, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, explicó que su intervención depende de reportes ciudadanos o policiacos, muchos recibidos en madrugadas. “Si hay niños en riesgo, los resguardamos y buscamos familiares”, dijo. Sobre menores en calle, el DIF insiste en que no hay “niños de calle”, pero admite 28 casos de trabajo infantil este año. La solución: monederos electrónicos y reinserción escolar.
El DIF actúa cuando el daño está hecho. No previene. No aborda las causas raíz. “Alondra” y “Natalia” vivían en contextos de marginación: familias fracturadas, desempleo, hacinamiento. El DIF ofrece “apoyos funerarios”, pero no políticas para erradicar la pobreza que obliga a niñas a cuidar hermanos o a padres a llevarlos a vender.
Mientras Yunes Choperena insiste en que “todos los casos se atienden”, la realidad muestra lo contrario. El DIF no tiene facultad para otorgar custodias, solo canaliza a juzgados, y su presupuesto se concentra en asistencialismo: despensas, becas, atención médica reactiva. No hay programas de empleo para padres, ni refugios suficientes, ni campañas masivas para romper ciclos de violencia.
dif REBASAdo
El DIF, con recursos limitados, repite un modelo fallido. Las instituciones de protección a las infancias admiten que muchos padres no tienen dónde dejar a sus hijos, pero la alternativa no puede ser dar monederos y esperar.
“Alondra” y “Natalia” ya no están. Sus muertes exponen una verdad incómoda: en un sistema desigual, la protección infantil no puede depender de paliativos. Urgen políticas transversales: empleo digno, salud mental, refugios y un DIF con poder real para intervenir antes de que ocurran más tragedias.
Las palabras de Yunes Choperena resuenan como un epitafio: “Todos somos responsables”. Sí. Pero algunos, desde sus cargos, lo son más.
