Cd. de México.- A 11 años de que Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, fueran detenidas arbitrariamente y acusadas de secuestrar a seis miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Procuraduría General de la República (PGR) ofrecerá una disculpa pública y reconocerá su inocencia.
A través de sus redes sociales, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dio a conocer que el próximo 21 de febrero en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología se realizará este “evento inédito”, que forma parte de la reparación del daño que ordenó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), por haber acusado a las tres mujeres indígenas ñhä-ñhú de secuestrar a los agentes federales.
La organización internacional consideró que la Procuraduría está obligada a reconocer que es inocente la mujer que hace 10 años fue encarcelada acusada de secuestrar a seis agentes federales.
El caso de Jacinta, Alberta y Teresa, comenzó el 26 de marzo de 2006 en el tianguis de Santiago Mexquiti-tlán, Querétaro, cuando seis agentes de la AFI despojaron a varios comerciantes de sus mercancías y acusaron que se trataba de piratería. Los afectados exigieron que los autores se identificaran y exhibieran la orden que avalara el desalojo, por lo que los elementos que participaron en tal operativo dejaron la comunidad y acordaron con los comerciantes pagar por los daños causados.
Luego de cinco meses, las mujeres fueron detenidas bajo engaños y presentadas ante los medios de comunicación en las oficinas de la PGR por el supuesto secuestro de los oficiales de la AFI.
El 19 de diciembre de 2008, Jacinta fue la primera en recibir una sentencia condenatoria de 21 años de prisión y 2 mil días de multa, que equivalía a 91 mil 620 pesos. Apenas había pasado un mes cuando Alberta y Teresa corrieron la misma suerte, en el caso de Alberta también se le condenó a 10 meses más, por tener en su poder cocaína.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez asumió la defensa de los casos, y Amnistía Internacional México declaró a las tres indígenas “presas de conciencia”, debido a que realizó una investigación en la que concluyó que no existía ningún elemento probatorio que demostrara la comisión de delito.
En septiembre de 2009, la PGR no presentó conclusiones acusatorias en contra de Jacinta Francisco, por lo que fue liberada, un año más tarde la mujer ñhä-ñhú decidió exigir al Estado una reparación del daño por la injusta reclusión a la que ella, Alberta y Teresa fueron sometidas y presentó una petición por responsabilidad patrimonial ante la Procuraduría.
