Adriana Estrada
El Buen Tono
Orizaba.- En México, las comunidades indígenas enfrentan una serie de obstáculos para acceder a la justicia, en gran medida debido a la falta de respeto por su derecho a la pertinencia cultural y lingüística, reconoció Magdalena Hernández Hernández, titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el estado.
Dijo que mientras no se establezca una jurisdicción indígena en la que las comunidades puedan ejercer justicia directa, las instituciones estatales deben asegurar intérpretes calificados que sirvan de puente de comunicación entre el Estado y las personas indígenas imputadas.
Destacó que las violaciones a los derechos de los pueblos originarios tienen raíces profundas en las mismas instituciones a las que acuden buscando justicia, sólo para encontrarse con la barrera de la incomprensión lingüística, mientras que el desconocimiento de las lenguas indígenas conlleva a la discriminación y la falta de acceso.
Mencionó que con la reforma actual, se obliga a los servidores públicos a brindar un trato digno y culturalmente pertinente a las personas indígenas, lo que representa un avance, pero la implementación de esta normativa se complica debido a la falta de traductores contratados en las dependencias y entidades, incluyendo las de procuración de justicia.
Agregó que, aunque existen personas en un padrón de traductores, muchas de ellas tienen trabajos independientes, ya que no son empleados públicos y dependen de otras actividades laborales para subsistir, lo que pone en evidencia la creciente necesidad de contar con un órgano autónomo, independiente del Poder Judicial y de la Fiscalía, que se encargue de contratar intérpretes, quienes actuarían de manera imparcial en los casos de personas indígenas.
