La salida del sindicato petrolero del Consejo de Administración de Pemex es una decisión administrativa, pero también política. Más allá de excesos difíciles de calificar desde las épocas del recientemente fallecido Joaquín Hernández Galicia La Quina, lo cierto es que no tiene sentido una representación sindical en el Consejo de Administración de instituciones que se plantea deben trabajar como verdaderas empresas. Hay muchas causas para el burocratismo y corrupción en la industria petrolera, pero en el fondo de su relativa ineficiencia está el que se considere a Pemex como una empresa de Estado (que es diferente que pública), donde el movimiento del personal y la competitividad es una exigencia reservada sólo para ciertas partes, minoritarias, de su propia estructura.
Eso en términos estructurales, pero en el lenguaje político, la salida del sindicato del Consejo de Administración adquiere también un profundo significado. Es difícil olvidar aquella amenaza apenas velada que el entonces secretario general del sindicato, José Sosa Martínez, un simple empleado de La Quina, hiciera el 8 de enero de 1986 al presidente De la Madrid, ante las quejas de que el sindicato estaba “sobreprotegido” (por las obras directas que se le adjudicaban y por un diferendo con el gobierno exigiendo que éste le comprara unos barcos que el sindicato había adquirido en la época de Jorge Díaz Serrano), pues “hacen que cada director en turno, por desconfianza, rellene a Pemex de más empleados de confianza para enfrentarse al sindicato, para vigilar que los trabajadores no se lleven un tornillo o una tachuela. Esta desconfianza… es la verdadera razón de que Pemex no marche eficientemente… pronto tendremos otro San Juanico”, dijo Sosa, refiriéndose al estallido de los depósitos de gas ocurrido dos años atrás en San Juan Ixhuatepec (y en el mes siguiente hubo cuatro “accidentes” sucesivos en distintas plantas de la paraestatal). Pemex, le dijo ese día Sosa a De la Madrid en Palacio Nacional, “comenzaba a tambalearse y si se hunde Pemex, se hunde usted, nos hundimos todos”. Esa batalla política concluyó en enero de 1989 con la caída de La Quina, pero los privilegios sindicales continuaron hasta el día de hoy. Toda esa historia va implícita en la salida del sindicato del Consejo de Administración.
Pero hay más. Esos excesos y privilegios se pudieron dar, más allá de la personalidad de algunos de sus dirigentes, porque Pemex es un monopolio y un monopolio de Estado. Con la apertura establecida se transforma tanto el papel de Pemex como el de su sindicato. Habrá competidores, opciones y la empresa tendrá que ser eficiente para mantener su hegemonía. Es verdad que habrá una ronda cero en todos los proyectos para que Pemex decida si quiere participar o no en ellos, pero entonces deberá hacerlo con eficiencia y productividad, y eso incluye también a su sindicato, si quiere mantener sus condiciones laborales.
El Fondo Mexicano del Petróleo es otra buena noticia emanada de la reforma. Los recursos generados por el petróleo que “sobren”, luego de las exigencias presupuestales, irán a ese Fondo que administrará el Banco de México y que decidirá cómo se utilizan y en qué plazos. Entre varios de los objetivos de ese Fondo estará atender el tema de las pensiones de los propios trabajadores de Pemex. Pero existen muchas otras prioridades. La idea es contar con un Fondo similar al establecido en Noruega desde hace años, cuyos rendimientos financieros superan con creces toda la producción actual de Pemex. Son situaciones y países diferentes, pero la idea es común: evitar que los recursos petroleros se pierdan en el enorme flujo del gasto corriente.
Hay mucho más en la reforma. El hecho es que en ella lo único que no se cumplió fue la profecía de que Pemex se privatizaría. Al contrario, todo indica que si las cosas se hacen bien, será una empresa más eficiente y los recursos del petróleo servirán realmente para el desarrollo.
El respeto a los consejeros
Hay varios aspectos controvertidos en la decisión de crear el Instituto Nacional Electoral en reemplazo del actual IFE. Pero entre ellos, uno muy importante es el del respeto a los actuales consejeros del IFE. Ya en 2007, en una reforma política en varios sentidos poco afortunada, se descabezó y en los hechos se rompió la inamovilidad que las leyes le otorgaban a los consejeros. Ahora, la historia se repite y se le dice a los actuales que si quieren repetir en el INE tendrán que “volver a formarse”, a ver si los diputados los aceptan. Es una falta de respeto para cuatro consejeros que, paradójicamente, son profesionales intachables. María Marván, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y Marco Antonio Baños, por un simple acto de respeto, congruencia y sentido común, deberían ser ratificados desde ya por los partidos en la nueva (y todavía incierta) estructura electoral.
