No sé si usted lo recuerde pero hace algunos años -2010 y 2011- el Tribunal Constitucional español atravesó una crisis severa. Esa corte, que había sido un ejemplo para la justicia constitucional en América Latina, asistió al derrumbe de su prestigio porque los actores políticos fueron incapaces de procesar con responsabilidad la renovación de algunos de sus integrantes. El caso es complejo y sus particularidades dificultan las comparaciones, pero aquella experiencia nos arroja dos lecciones que conviene recuperar.
La primera es simple pero relevante: las instituciones nunca están completamente consolidadas. En México ya vivimos la crisis del IFE y ahora podríamos estar cerca de un descalabro en la SCJN. No nos quedaremos sin ministros -como sucedió en España-, pero el procesamiento de las sustituciones puede mermar la credibilidad de nuestra corte suprema.
La segunda lección se desprende de la anterior: las fallas de la política pueden mermar la credibilidad de instituciones con responsabilidades técnicas especializadas. Al IFE lo zarandeó el teje y maneje político que difirió contra las normas y los plazos legales el nombramiento de tres consejeros. A la SCJN le podría pasar factura el accidentado proceso en el que se han enfrascado el presidente Calderón y los senadores para designar a los reemplazos de los ministros Aguirre y Ortiz Mayagoitia.
Después de dos pasarelas y 11 candidatos tendremos dos nuevos ministros que llegarán a la Corte legalmente, pero con la legitimidad tocada. Sus nombramientos estarán enmarcados por un contexto de activismo social sin precedentes, pero provendrán de un proceso deficiente. Vaya contradicción. Nunca sabemos por qué los propusieron, por qué los elegirán ni cuál es el acuerdo político -cada vez más evidente- detrás del nombramiento. Un déficit en todos los frentes.
Al final perdió la Corte. Justo cuando el país atraviesa una transición constitucional -objetivamente hablando- y necesita de un verdadero tribunal constitucional, el Ejecutivo y los senadores se las ingeniaron para lesionar y demeritar el perfil del pleno de la SCJN con dos designaciones que seguramente serán cuestionadas. Y no se trata de una descalificación a priori de la trayectoria ni de la persona de seis profesionales que aspiran a la Corte y merecen consideración y respeto. Se trata de subrayar el desatino que supone presentar nombres sin justificar su selección; repetir la inclinación hacia los miembros del Poder Judicial (para colmo descartando a los magistrados que se desempeñaron de mejor manera en la ronda precedente); incluir perfiles tecnocráticos sin ofrecer explicación alguna, desoír los llamados de organizaciones y especialistas que pedían privilegiar la agenda sustantiva sobre los acuerdos cupulares. Básicamente. Así que, también acá -como pasó en España- la crisis de la justicia se incuba en el fracaso de la política y no en la ineptitud de los -posibles nombrados. Pero podría ser una crisis importante. Hoy necesitamos una Suprema Corte solvente y garantista. Es la coyuntura histórica la que lo demanda, no la ideología de moda ni la agenda progresista. Y, en cambio, nos ofrecen un tribunal en el que, durante los próximos 15 años, tal parece que podremos identificar al ministro que puso Calderón y al que negoció Peña Nieto.
Hace algunos días una coalición de organizaciones civiles realizó una petición pública, simple y sensata: “La presentación de nuevas ternas abre la posibilidad de que en éstas se incluyan perfiles externos al Poder Judicial de la Federación, más proclives a desarrollar interpretaciones novedosas que potencien el contenido de la reforma constitucional en materia de derechos humanos con perspectiva de género”. En respuesta, lo que ofrece Calderón son cinco nombres de magistrados -uno de ellos rechazado en dos ocasiones por los propios senadores y un técnico en materia fiscal. Esto no da siquiera para diálogo de sordos; a esto se le llama autismo institucional.
Investigador del IIJ de la UNAM.
