AGENCIA
CDMX.- Se dio a conocer que al menos una parte de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 estaban vivos una semana después de la noche de Iguala, reveló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Carlos Beristáin, integrante del GIEI, explicó que el año pasado accedieron a archivos de la Sedena, que revelan intercepciones de conversaciones telefónicas entre criminales y autoridades que aluden a los jóvenes.
“Hablaban de donde había que mandarlos y algunas de ellas son del día 4 de octubre, es decir, varios días después de los hechos. Esas comunicaciones mostrarían que una parte de esos jóvenes estarían vivos en esos días”, indicó en la presentación del cuarto informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa.
El reporte detalla que ese día, Ramón “N”, policía de Tepecoacuilco, Guerrero, habló con Alejandro Palacios, “El Cholo”, líder de Guerreros Unidos en Iguala. El agente le informa sobre una petición a Gildardo López Astudillo, “El Gil”, sicario del grupo criminal, para que “les soltaran aunque sea 10 (normalistas) para calmar un poco”. Esto, después de que se hallaran fosas clandestinas en Pueblo Viejo, Iguala.
Francisco Cox advirtió de una judicialización débil contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, por lo que hay riesgo de que no se logre una condena, pese a que hay pruebas de su participación en la construcción de la verdad histórica.
“Lo que parece importar es la oportunidad fotográfica de una detención, de un inicio de una vinculación a proceso, sin importar el resultado de esa formalización”, sostuvo el experto.
Algunos normalistas seguían con vida ocho días después, de acuerdo con el GIEI; lamenta que no se haya fortalecido la denuncia contra Murillo; podría no haber condena.
Con la obtención este año de transcripciones de llamadas telefónicas realizadas alrededor del 26 de septiembre de 2014 en la región del norte de Guerrero se confirmó la participación conjunta entre grupos de la delincuencia organizada, policías estatales y municipales de la región, autoridades de Iguala y de otras localidades, y de mandos de los diversos batallones del Ejército desplegados en la zona para desaparecer a los 43 jóvenes normalistas.
En una rueda de prensa en la Ciudad de México, los cuatro integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes establecieron que la Sedena ha evitado abrir todos sus archivos, contraviniendo la orden dada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese sentido.
Los ministerios públicos y fiscales de la Unidad de Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y la propia colaboración con la COVAJ (Comisión para la verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa) mostró como el crimen organizado estaba vinculado con parte de la fuerza pública, con parte del Ejército, con parte de policías municipales, policía federal, policía estatal, funcionarios de la administración del propio estado mexicano en los hechos que tienen que ver con el ataque, detención, desaparición forzada de los estudiantes, y todo eso se ha consolidado con los nuevos elementos de prueba.
“Tenemos muchas más cosas en la mano, tenemos mucha más documentación que muestra esa relación de una forma estrecha, no se trata de declaraciones, sino se trata de documentos, incluso oficiales, archivos de Sedena, del Cisen, y del propio estado”, reiteró Carlos Beristain, integrante del GIEI.
