AGENCIA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), bajo la dirección de la ministra presidenta Norma Piña Hernández, han iniciado una investigación formal contra el exministro Arturo Zaldívar, actual miembro de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.
La investigación, numerada J/108/2024, fue motivada por una denuncia anónima recibida en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, que ha sido facultada ampliamente para llevar a cabo las pesquisas.
Según la denuncia, Zaldívar presuntamente comprometió la autonomía e independencia de varios jueces del Poder Judicial de la Federación para favorecer intereses personales y de terceros, incluyendo al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, con quien supuestamente conspiró para influir en la autonomía judicial.
La investigación también se extiende a colaboradores cercanos de Zaldívar durante su gestión, como Netzaí Sandoval, exdirector del Instituto Federal de la Defensoría Pública; Carlos Alpízar Salazar, su secretario; Jaime Santana, exjefe de la unidad de investigación; y Arely Gómez, excontralora del Poder Judicial.
Estos individuos son señalados de ejercer presión indebida sobre jueces y magistrados, e incluso de amenazarlos con consecuencias administrativas basadas en quejas inexistentes.
Entre los jueces federales mencionados en la investigación están Jesús Delgadillo Padierna, Iván Zeferín Hernández y Artemio Zúñiga Mendoza, quienes han estado involucrados en casos de alto perfil como los de Rosario Robles, Francisco García Cabeza de Vaca, Emilio Lozoya y Alonso Ancira.
Si se comprueban las acusaciones, los implicados podrían ser encontrados responsables de violaciones graves como atentados contra la independencia judicial, falta de imparcialidad, cohecho, abuso de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
Esta investigación surge en un contexto donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado la gestión de la autonomía judicial bajo la presidencia de Norma Piña, señalando una supuesta intervención más discreta de Zaldívar en asuntos judiciales durante su mandato.
Conforme a la ley orgánica del Poder Judicial, la unidad de investigación deberá presentar los hallazgos y pruebas ante el pleno de la Suprema Corte para determinar las responsabilidades administrativas del exministro Zaldívar y otros implicados en el caso.
Investiguen a los que vulneren la autonomía de jueces, si es a Arturo Zaldívar, por consiguiente, sacarán todos “los trapitos al Sol” a Doña Florinda Lenia Batres y la ministra “Pirata”.
Deberían quitarle la pensión, que al final de cuentas solo sirvió a sus intereses y no al país.
En México el presidente en turno es jurídicamente intocable, pero una cosa es cierta, el actual presidente ha confesado públicamente cosas por las cuales pudiera ser procesado administrativa y penalmente, entre ellas haber utilizado a Zaldívar para amedrentar a los jueces.
Todo el peso de la ley a un delincuente con toga, que dañó al Poder Judicial de la manera más ruin y despreciable.
