De nueva cuenta la Zona Centro, y concretamente el corredor fabril de Orizaba, es noticia por la movilización social en defensa de los derechos básicos de la población: a la salud y a dedicarse al oficio que decidan a su libre albedrío para procurarse los ingresos que les permitan vivir honradamente. Los habitantes de Soledad Atzompa y de Ixhuatlancillo ponen ejemplo, hoy en día, de la resistencia indígena frente a gobiernos autoritarios e irresponsables.
Ayer mismo, cientos de habitantes del primer municipio –algunos dicen que eran 2 mil y otros que hasta 4 mil personas- bloquearon en diversos tramos la autopista Veracruz-Tehuacán encabezados por el alcalde Bonifacio Aguilar Linda en reclamo de que el Gobierno estatal cumpla con los compromisos firmados para concluir diferentes proyectos de obra pública en el municipio. Concretamente demandan la construcción de un hospital que ha sido una petición durante décadas para esa zona marginada.
La molestia de los lugareños aumentó porque hay información de que la Federación liberó 30 millones de pesos para dicho nosocomio y ese dinero no aparece. ¡Se lo robaron! Nada extraño y es un hecho que a los habitantes de Soledad Atzompa no les cumplirá la edificación del hospital ni en el resto de obras de infraestructura pública ya que la administración estatal no sólo está sin dinero –por el hurto al por mayor- sino que en tres meses deberá cerrar toda obra pública y comenzar a hacer los llamados “libros blancos” para la entrega-recepción al próximo gobernante.
Sólo faltan siete meses para que finalice la administración estatal y dos meses para que se elija al nuevo ocupante de Palacio de Gobierno. En esos dos meses, el dinero que se haya reservado será para costear la campaña del candidato de la alianza “Unidos para mejorar Veracruz”, integrada por el PRI, PVEM, PANAL, AVE y Partido Cardenista, Héctor Yunes Landa, no para levantar obras sanitarias ni cumplir compromisos.
De esta forma, la protesta de los habitantes de Atzompa es más que legítima pero no habrá eco. Podrán firmar nuevas minutas de acuerdos con los funcionarios estatales pero estas son fatuas, no serán subsecuentes ni vinculantes porque simplemente el Gobierno estatal no está dispuesto a cumplir. Ante ello, ¿qué se requiere? Ya no exigir a la administración actual sino a los que serán sucesores y concretamente a los dos punteros en la preferencia ciudadana, Héctor Yunes Landa y Miguel Ángel Yunes Linares, éste último abanderado de la coalición “Unidos para rescatar a Veracruz”, formada por el PAN y PRD.
Alguien dirá que si los inconformes recurren a los candidatos, estarán politizando su reclamo pero ¡¡de eso se trata!!, la realización de la obra pública comprometida requiere de la voluntad política de quien gobierna y llevar este asunto a las campañas electorales es necesario para que en la agenda del futuro gobernante se incluyan esos compromisos. Por lo pronto y para mala noticia de los manifestantes, Soledad Atzompa no tendrá ni hospital ni las obras públicas prometidas. Los engañaron, así de simple.
En este contexto, cabe destacar el papel decoroso del alcalde Aguilar Linda que de nueva cuenta encabeza a sus gobernados en una movilización a pesar de que tiene una orden de captura luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) interpuso una denuncia penal en su contra por haber encabezado el bloqueo de la caseta de peaje en Fortín de las Flores, en julio del 2015. Aún con ello, no abandona el reclamo social como lo hubiera hecho cualquier otro funcionario blandengue. Bien por el edil.
EL COCODRILO ACORRALADO
La otra movilización ejemplar es la de los vendedores de Ixhuatlancillo quienes continúan en resistencia frente al alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez, al que han obligado a sentarse a negociar y dejar –por el momento- el garrote y la prisión con los cuales intentó disuadir el enojo popular. El lunes pasado, los vendedores, junto con representantes de los senadores Alejandro Encinas y Dolores Padierna, se reunieron con el edil para tratar de llegar a un acuerdo que evite más confrontaciones.
Sin embargo, no salió nada en concreto. El alcalde Díez se mantiene en la postura de prohibir la venta en puntos medulares de la ciudad en los que, desde hace años, los comerciantes ofrecían sus productos como son la avenida Francisco I. Madero y el parque Apolinar Castillo. El presidente municipal alega que lo respalda un plebiscito realizado entre la ciudadanía, la cual se habría pronunciado por un rechazo a la presencia de vendedores ambulantes.
Lo que no dice es que tal consulta la organizó el mismo Ayuntamiento, lo que de entrada la descalifica porque no puede ser juez y parte, y no tuvo el aval de un organismo aceptado por ambas partes y que los ixhuatecos rechazan sus conclusiones por carecer de sustento jurídico. A la postura inamovible del Alcalde orizabeño se dio también una respuesta desafiante de los vendedores indígenas: acudirán a ofrecer sus productos al centro de la ciudad, aún con el riesgo de ser apaleados como sucedió el pasado 20 de febrero.
El asunto no tiene desperdicio porque hay una clara violación a los derechos humanos, específicamente a la libertad de oficio consagrada en la Constitución a lo que suma una actitud de discriminación racial enarbolada por el Ayuntamiento de Orizaba, cuyo titular argumenta tácitamente que los vendedores indígenas dan mal aspecto a la ciudad llamada Pueblo Mágico. Es tan evidente esa actitud xenófoba que los senadores Encinas y Padierna tomaron partido en favor de los ixhuatecos y no hay que olvidar que ambos legisladores son personajes de amplia trayectoria en la defensa de las libertades ciudadanas y viejos ‘lobos de mar’ en cuestiones del quehacer político.
Si los senadores intervinieron en el conflicto es porque hay cauces legales para dar la razón a los vendedores ixhuatecos. Por otro lado, los habitantes de Ixhuatlancillo tienen siempre el As bajo la manga: la posibilidad de cerrar las válvulas de la planta Citlalli que se alimenta de los veneros ubicados en su territorio y que abastece a buena parte de los orizabeños. El lunes mismo lo advirtieron con una metáfora singular: “el cocodrilo sin agua se muere”. Es decir, los orizabeños podrán tener su Pueblo Mágico y sus calles ‘limpias’ de indígenas como lo desea el alcalde Diez Francos pero sin el suministro del líquido, los volverán a poner de rodillas. Sin duda, la negativa del Ayuntamiento de Orizaba para llegar a un acuerdo no sólo es xenófoba y retardataria sino también ociosa, y como dijera el filósofo de Ciudad Juárez: “¡Pero qué necesidad!”
Por cierto, lo negativo en la resistencia de los vendedores ixhuatecos es que, el mismo lunes, algunos de ellos se desnudaron frente a Palacio Municipal donde se realizaba la reunión entre las partes. La crítica no es por un falso pudor sino porque el quitarse la ropa es un práctica clientelista que ensaya desde hace años el Movimiento de los 400 Pueblos que encabeza César del Ángel Fuentes, uno de los líderes más corruptos que hay en Veracruz, siempre al servicio del Gobierno en turno. ¿Por qué no ensayar formas de protesta más originales en lugar de copiarle a los peores?
TEJIDO DE FILIGRANA
El trabajo de revisión documental y construcción de noticia llamado Papeles de Panamá (Panama Papers) realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, muestra de un quehacer colectivo y global para tejer la filigrana –con más de 11 millones de documentos- y reconstruir los rostros de la corrupción. La exhibición de los personajes de la vida pública que llevan sus fortunas –legales o mal habidas – a los paraísos fiscales para evadir impuestos y revisión de sus naciones de origen, es sin duda, un aliciente para la libertad de expresión.
No es el primer ejemplo del periodismo colectivo, ya las filtraciones de WikiLeaks en el 2007 de Julián Assange y las revelaciones del exconsultor de la CIA, Edwar Snowden en el 2013 pusieron en jaque a los potentados del planeta. Hoy, con los Papeles de Panamá se abre de nuevo la puerta al juicio de la poderosa opinión pública mundial. Es una de las cosas positivas de la globalización y la era informática: los periodistas involucrados hicieron el trabajo conjunto pero –la mayoría- sin conocerse, actuaron de manera sincronizada y revelaron la trama mafiosa de los adinerados del orbe.
Y lo que se dio a conocer el fin de semana sólo es el inicio de esa red de complicidades pues saldrá más cochambre una vez que se haya tiempo de revisar el resto de documentos. La fidelidad en Veracruz debe estar temblando pues es un secreto a voces que muchos ‘nuevos ricos’ que surgieron desde el 2014 trasladaron sus fortunas mal habidas hacia los paraísos fiscales. Hace un año, una fuente hablaba de al menos una veintena de funcionarios y exfuncionarios estatales que tenían cuentas bancarias en países e islas caribeñas, así como en naciones europeas como Andorra y Suiza.
Habrá sorpresas y tal vez, dicen los conocedores, se logre saber el destino de parte de los 120 mil millones de pesos que se han robado en los últimos 11 años. En este contexto, el empresario Omar Yunes Márquez, el hijo menor del candidato a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes, fue exhibido como uno de los que intentaron abrir una empresa en Panamá para trasladar fondos financieros pero no se concretó la transacción. Aún así, el tema ha servido para el golpeteo electoral.
Yunes Márquez negó el señalamiento aun cuando, de haber sido cierto, no tiene repercusión judicial porque no logró llevar a cabo esa práctica. No obstante, mediáticamente ha ocasionado escándalo. Sin embargo, lo de Yunes Márquez es ‘pecatta minuta’, es decir ‘un pecado venial’ frente a otros políticos veracruzanos que sí sacaron del país enormes sumas de dinero hacia los paraísos fiscales, y entre ellos hay varios cordobeses, algunos que sirvieron de prestanombres para el saqueo del erario estatal. Ya se sabrá.
