AGENCIA
Nacional.- La bancada de Morena y sus partidos aliados en la Cámara de Diputados aprobaron reformas que sancionarán la toma de fotografías y videos de servidores públicos y sus residencias mediante el uso de drones. Las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos fueron propuestas por el Ejecutivo y obtuvieron la aprobación con 419 votos y 23 abstenciones de Movimiento Ciudadano, según informó el diario Reforma el 23 de noviembre.
Estas reformas, diseñadas para prevenir el uso de drones por parte de delincuentes, establecen sanciones. Sin embargo, algunos legisladores, como el diputado Braulio López, expresaron preocupaciones sobre una posible criminalización de la práctica periodística. Las enmiendas contemplan penas de 3 a 10 años de prisión para aquellos que utilicen drones para “vigilar” a servidores públicos.
La preocupación por la regulación del uso de drones se remonta a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, enviada al Congreso en agosto pasado. El objetivo es establecer un marco jurídico que incluya agravantes para conductas delictivas realizadas con drones, fortaleciendo así la prevención y combatiendo la impunidad en la comisión de delitos con estos artefactos.
Ante la creciente preocupación por el mal uso de drones, autoridades destacan su fácil acceso y los bajos costos, que han llevado a organizaciones delictivas a utilizarlos para actividades ilegales y peligrosas. Entre los casos mencionados se encuentran la adaptación de drones para transportar explosivos, ataques a personas y autoridades, transporte de drogas y espionaje.
Cabe señalar que estas reformas, aunque destinadas a combatir la delincuencia, han suscitado preocupaciones sobre la libertad de prensa. Algunas residencias de personajes públicos, como la de Carlos Romero Deschamps, Emilio Lozoya, y Alejandro Moreno, fueron descubiertas mediante el uso de drones.
Las autoridades sostienen que estas medidas son esenciales debido a la creciente amenaza representada por drones en manos de la delincuencia organizada. Ejemplos anteriores incluyen ataques con explosivos a policías y sobrevuelos no autorizados en áreas sensibles.
