AGENCIA
Internacional.- Nicaragua ha retirado este martes la nacionalidad y confiscado los bienes de 135 expresos políticos enviados a Guatemala la semana pasada, en una medida que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo justifica por acusaciones de atentar contra la soberanía nacional. Esta decisión fue anunciada en un comunicado del poder judicial nicaragüense, que ha sido criticado por su falta de independencia y su alineación con el régimen.
La resolución del tribunal de Managua, controlado por el gobierno, ordena la “pérdida de la nacionalidad nicaragüense” a los 135 individuos y el “decomiso de todos sus bienes”. Desde principios de 2023, un total de 451 opositores han sido despojados de su nacionalidad, según datos oficiales.
La medida sigue a la liberación de estos presos políticos el pasado jueves, quienes fueron acogidos en Guatemala gracias a una mediación de Estados Unidos. La Casa Blanca confirmó su papel en la liberación, que incluyó a 13 miembros de la organización evangélica Mountain Gateway, laicos católicos, estudiantes y otros críticos del régimen de Ortega.
La ONU ha denunciado una nueva ley aprobada por el parlamento nicaragüense, que podría intensificar la represión contra los exiliados nicaragüenses y ha llamado a proteger sus derechos. La represión del gobierno de Ortega se ha intensificado desde las protestas prodemocracia de 2018, que resultaron en más de 300 muertos, según la ONU.
Desde el inicio de 2023, el régimen de Ortega ha encarcelado, expulsado y despojado de nacionalidad y bienes a 316 críticos, incluyendo políticos, periodistas, intelectuales y activistas. Además, ha cerrado aproximadamente 5 mil 500 ONGs, muchas de ellas de carácter religioso, y ha intensificado su confrontación con la Iglesia Católica.
