De la Redacción
EL BUEN TONO
(primera parte)
Fortín.- En el Tercer Informe de Gobierno del alcalde, Gerardo Rosales Victoria, presumió la realización de “180 obras durante tres años de gobierno”, Sin embargo, detrás de esta cifra se esconde un patrón de adjudicaciones cuestionadas: contratos millonarios concentrados en un puñado de empresas y personas físicas, muchas de ellas externas a Fortín, con denuncias de sobreprecios, moches (comisiones ilegales), y conflictos de interés.
Según documentos oficiales revisados por este medio, al menos cuatro empresas y ocho personas físicas obtuvieron contratos de manera recurrente durante la administración de Rosales, en un esquema que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), señaló por “irregularidades en el manejo de recursos públicos”.
Las favoritas
Un análisis de las cuentas públicas de 2022 revela que, de 50 contratos adjudicados, el 80 por ciento se concentró en las siguientes empresas y personas: Eduardo Sánchez Rojas, Ingeniería Constructiva de Xalapa, Ingeniería y Capital Soluciones, SA de CV, cada una se adjudicó siete contratos
En tanto que Gustavo López Ramírez y Emigdio Morán Medorio, se beneficiaron con cuatro contratos.
Por su parte, Juan Fernando Martínez Mitre, Rafael Jiménez Hernández, Comercializadora y Obra Civil Dysa, SA de CV, Gerardo Fuentes Heredia, Silvino Vicente López Solís, LeMirad, S de RL de CV, lograron por separado tres contratos.
Jonathan Cova Castillo se quedó con dos.
Llama la atención que la mayoría de estas empresas no están radicadas en Fortín, lo que generó críticas por la fuga de recursos a otras regiones. “El dinero que debería reactivar nuestra economía se va a Xalapa o a otras entidades”, denunció un empresario local bajo el anonimato.
Modus operandi
Fuentes cercanas a la Dirección de Obras Públicas del municipio, que dirige Enrique Gaspar Falcón, aseguran que existe un “acuerdo tácito” para asignar obras a ciertas empresas a cambio de “comisiones del 10 al 20 por ciento” del monto total. “Los proyectos se inflan, y ese ‘extra’ se reparte entre funcionarios y contratistas”.
El Orfis ya emitió “observaciones” por estas prácticas. En 2022, detectó que “no hubo licitaciones públicas” para al menos el 60% de los contratos, violando la Ley de Obras Públicas. Además, se identificaron “facturas falsas”, y pagos por servicios no ejecutados.
Críticas
Vecinos y comerciantes de Fortín expresaron su indignación. “Las calles siguen igual, pero en el papel hay mil obras. ¿Dónde está ese dinero?”, cuestiona María López, habitante de la colonia Centro. Mientras tanto, condenó: “No es posible que 12 empresas acaparen 50 contratos. Esto huele a corrupción”.
