De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- Personal del Centro de Investigación, Difusión e Implementación sobre Asociaciones Civiles manifestó que al ser una escuela pública, instituciones como el colegio Francisco Hernández y Hernández «Cantonal», debe ser beneficiado con recursos públicos al ser una institución con matrícula de la SEV como una instancia de
educación pública.
Señalaron que no es viable el hecho de que una “escritura particular” exima al gobierno para apoyar a la institución, “que no te detenga una escritura particular porque el inmueble en teoría fue donado, recuerda que hay algo llamado prescripción positiva, por lo que cuando tienes más de 10 años la posesión de un inmueble inmediatamente forma parte de tu patrimonio”, expresó un representante de la asociación.
Insistió en que aunque haya sido donada y nunca se arregle la estructuración ya es del poder del Estado y por ende están mintiendo y esto deriva en un caso omiso por parte de las autoridades.
Fue en 2019 cuando las autoridades municipales recibieron a la directora del plantel, Minerva Flores Hernández, así como a la Sociedad de Padres de Familia para resolver un asunto relacionado con el cambio del piso de la escuela, pues dicha obra debe realizarse bajo los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al pertenecer a uno de los edificios históricos del primer cuadro.
Apelando a la “buena fe” de la más alta autoridad del anterior gobierno confiaron en un apoyo por 360 mil pesos para el cambio de piso del plantel, pero a final de cuentas no recibieron ni un centavo, pese a que al dialogar con ella el monto solicitado le pareció
insignificante.
“¿Tan poquito?”, fue la respuesta de la máxima autoridad de Córdoba al escuchar que el monto se trataba de 360 mil pesos y prometió que tras presupuestar dicha cantidad tendrían disponible el recurso para el 5 de marzo de 2019 es decir antes de que diera inicio el confinamiento por la pandemia.
Durante septiembre de 2021 la “Cantonal” recibió la visita de personal del Gobierno Estatal y Federal quienes aseguraron que la escritura sería tramitada, pero en un lapso que podría alcanzar de los 6 meses a los 2 años. Solo de esta manera podrían “bajar” los recursos para la rehabilitación del inmueble.
