Reporteros sin Fronteras celebra que el 28 de marzo de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) haya adoptado una resolución sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas. Esta resolución reconoce y respalda el papel esencial que tienen los periodistas en la cobertura de manifestaciones, asimismo denuncia los ataques y las agresiones de las que son víctimas durante éstas.
“El año 2013 estuvo marcado por un dramático aumento de los actos de violencia e intimidación que padecen los periodistas cuando cubren manifestaciones. Celebramos que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU haya escuchado las preocupaciones expresadas por Reporteros sin Fronteras. Esta resolución constituye para nosotros una importante herramienta para seguir luchando ante los Estados concernidos”, subrayó Lucie Morillon, Directora de Investigación de Reporteros sin Fronteras.
“Ahora deben establecerse procedimientos para verificar que los Estados respeten sus obligaciones y garantizar la efectiva aplicación de esta resolución. Los mecanismos de la ONU también deben hacerse cargo del problema de las agresiones a periodistas en las manifestaciones pacíficas. Los ‘procedimientos especiales’ concernientes, que atañen al Relator Especial para la libertad de opinión y expresión, así como al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, ahora deben incluir sistemáticamente esa cuestión en todos los informes, comunicados y visitas a países”, agregó Lucie Morillon, quien concluyó: “es necesario que la comunidad internacional vaya más allá en la protección de los periodistas. El Consejo de Seguridad de la ONU, que en 2006 asumió la protección de civiles y de periodistas en conflictos armados, ahora también debe encargarse de la situación de los periodistas en el contexto de conflictos no armados y, en particular, en las manifestaciones, bajo el modelo de la resolución relativa a la seguridad de los periodistas, adoptada en noviembre de 2013 por la Asamblea General de la ONU”.
En primer lugar, la resolución reconoce que las manifestaciones pacíficas contribuyen “al desarrollo, el fortalecimiento y la eficacia de los sistemas democráticos”. Además, pide a los estados que presten particular atención “a la seguridad de los periodistas y de los profesionales de los medios de comunicación que cubren manifestaciones pacíficas” y, lo que constituye un avance notable, que “tengan en cuenta su papel específico, los riesgos que corren y su vulnerabilidad”. Esta última parte marca un importante progreso en el sentido de que el Consejo reconoce los peligros que enfrentan los periodistas en las manifestaciones, así como su función específica.
La resolución va más lejos en el reconocimiento del papel esencial de los periodistas: “reconoce el rol primordial que juegan las instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos, la sociedad civil, en especial las organizaciones no gubernamentales, los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación, los internautas y los defensores de los derechos humanos, así como otras partes que recaban información sobre las violaciones a los derechos humanos o los ataques a esos derechos, cometidos durante manifestaciones pacíficas”.
Esta resolución, presentada por Costa Rica, Suiza y Turquía, fue objeto de laboriosas discusiones durante varias sesiones del Consejo. Los debates tropezaron con las obligaciones de los Estados y los manifestantes, las categorías de personas a las que habría que proteger, el comportamiento de las fuerzas del orden y de los manifestantes. Sin embargo, en la cuestión de los periodistas, su papel y los ataques que sufren, hubo finalmente –y de manera sorprendente– un cierto consenso entre las delegaciones.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU tomó en cuenta las preocupaciones de RSF.
La resolución hace eco de las inquietudes manifestadas por Reporteros sin Fronteras durante estos últimos meses. En particular, considera las expresadas en un escrito presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero de 2014 sobre la agravación de la situación de los periodistas durante manifestaciones pacíficas. En este documento, Reporteros sin Fronteras subrayaba el rol crucial –de información, testimonio y vigilancia– que tienen los periodistas en las manifestaciones pacíficas, actos por esencia públicos, colectivos y políticos cuya cobertura es de interés general: “Los medios de comunicación son testigos de la actitud de las fuerzas del orden durante las manifestaciones. Los profesionales de la información abordan, en ocasiones en tiempo real, el desarrollo de las protestas, las eventuales detenciones, los casos de violencia u otros ataques a los manifestantes”. La cobertura de las manifestaciones permite: “informar sobre la manera en que se desarrollan las protestas, difundir los reclamos o las peticiones expresados en ellas, relatar la manera en que las autoridades responden a estos movimientos, propiciar un debate sobre estas acciones y reivindicaciones, etc.”
RSF insistía en el hecho de que “una reflexión sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, mencionada en la resolución 19/35 del Consejo de Derechos Humanos, debe tomar en cuenta imperativamente el estatus de profesional de los medios de comunicación durante estas protestas”. De esta manera, la organización llamaba a los Estados a: “Reconocer la cobertura mediática como un elemento de promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas”.
Agravación de la situación de los periodistas en las manifestaciones pacíficas
En Turquía, entre mayo y septiembre de 2013, los periodistas pagaron caro la violenta represión del movimiento de protesta antigubernamental: 153 actores de la información resultaron heridos y 39 fueron interpelados. En Ucrania, entre el inicio del movimiento Euromaidan (23 de noviembre de 2013) y el momento en que las manifestaciones degeneraron en enfrentamientos (19 de enero de 2014), al menos 58 periodistas fueron heridos. Puesto que en la mayoría de los casos llevaban chalecos con la inscripción “prensa”, parecería que los periodistas fueron tomados como blanco deliberadamente por las fuerzas del orden. En Egipto, el balance de las agresiones a los profesionales de la información durante las manifestaciones –tanto bajo el mandato de Mohamed Morsi como cuando el ejército tomó el poder– no es nada alentador: 65 periodistas fueron agredidos y 103 interpelados durante las manifestaciones en 2013; desde el inicio del año 2014 el número de casos registrados de agresiones a periodistas asciende a 11 y el número de interpelaciones a 32. En Brasil, durante la “Primavera brasileña” una centena de periodistas padeció la violencia.
Además de los actos de violencia, los profesionales de los medios de comunicación sufren con frecuencia detenciones arbitrarias, condenas o actos de intimidación, ya sea en países autoritarios o en democracias. En Grecia, por ejemplo, mientras que la policía antimotines ejerce una represión generalizada e insiste en considerar a los fotógrafos, camarógrafos o técnicos de audio como testigos molestos de sus excesos, el partido neonazi Amanecer Dorado y grupos anarquistas radicales declaran la guerra a los actores de la información durante las manifestaciones.
Reporteros sin Fronteras también ha registrado numerosos casos de obstrucción al trabajo de los periodistas, en particular: prohibición de acceso a las manifestaciones, expulsión, casos de confiscación del equipo de los periodistas con el fin de impedir todo eco mediático de esas protestas, en especial internacional. En China, el 26 de junio pasado se registraron en la región de Xinjiang los enfrentamientos más mortíferos desde los motines de 2009; poco después, reporteros de la Agence France-Presse (AFP) fueron expulsados tras una breve interpelación. En Bahréin, las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos siguen siendo cotidianos para quienes intentan cubrir las manifestaciones. Las autoridades intentaron imponer un silencio informativo sobre las protestas que tuvieron lugar el 14 de agosto, encarcelando a netciudadanos e impidiendo que periodistas y activistas defensores de los derechos humanos entraran al país.
