POR: Ivonne Melgar / COLUMNISTA
El pacto de las políticas de todos los partidos, para lograr la paridad en la representación legislativa, debe extenderse a la tarea aún pendiente de frenar la violencia hacia las mujeres.
Con ese planteamiento acudimos al foro “México en Alerta de Género”, convocado por organizaciones civiles y académicas, en la antesala del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, a conmemorarse el próximo viernes 25 de noviembre.
Hablamos de la importancia de la autocrítica entre nuestras feministas con fuero, senadoras y diputadas, en su mayoría comprometidas con la agenda de la equidad.
Y con ese ánimo, expusimos haber observado en ambas cámaras un comportamiento faccioso por parte de las legisladoras cuando se trata de denunciar problemas de seguridad hacia las mujeres.
Planteamos que, así como las políticas sumaron fuerzas para pasar de las cuotas de género a la Ley de paridad, ahora se requiere que lo hagan para visibilizar la violencia de género sin distingos partidistas.
Expusimos que hacerse cargo de este problema implica asumir que el Congreso está en deuda en materia de seguridad por mantener congeladas las iniciativas sobre nuevos esquemas de mandos policiales.
Comentamos que hay que convencer a las legisladoras priistas mexiquenses y de Guerrero, y a las perredistas de la Ciudad de México, pero también a las panistas de Baja California y Guanajuato, de tomar el tema más allá de los compromisos con el Gobernador o el Jefe de Gobierno.
Y señalamos que en las coyunturas electorales se observa con pena ajena que las denuncias mediáticas de violencia política tienen dedicatoria, desvirtuando así una bandera que debería trascender las diferencias partidistas.
Fue muy alentador atestiguar la actitud de apertura de la diputada federal Candelaria Ochoa, quien confirmó nuestra preocupación, al señalar que la aplicación de la Alerta de Género, que obliga a las autoridades a tomar medidas para frenar homicidios, “está sumamente partidizada”.
La parlamentaria de Movimiento Ciudadano relató que diputados del PRI y del PAN cabildean para que no sean declaradas dichas alertas en las entidades donde son Gobierno. Y lo más grave: “la mayoría de los gobernadores no quiere reconocer que una mujer asesinada es feminicidio”.
La también académica de la Universidad de Guadalajara consideró que, a casi diez años de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, resulta necesario revisar el rezago en su aplicación.
La diputada Ochoa explicó que si bien en ese ordenamiento se reconocen los tipos de violencia —como la psicológica, física, patrimonial y sexual— hay Estados donde “sale más caro robarse una vaca que violar a una mujer”.
Anfitriona del foro, Martha Tagle destacó que pese a los esfuerzos institucionales diariamente se registran en el País ¡siete feminicidios!
La Senadora independiente se pronunció por hacer cambios en el trámite que ahora se vuelve burocrático ante la Secretaría de Gobernación para que se establezca una Alerta de Género. Precisó que, a la fecha, se han acumulado 22 solicitudes sin respuesta.
Según cifras del Inegi, entre 2013 y 2015 fueron asesinadas seis mil 488 mujeres. Eso implica un aumento de 46 por ciento respecto del período entre 2007 y 2009.
En la lista destacan el Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco y Oaxaca, con cifras que van de los mil a los 300 asesinatos en el trienio citado.
Pero el problema de la tolerancia con los actos violentos hacia las mujeres es generalizado y no distingue condiciones sociales ni sellos partidistas en el caso de los gobiernos locales.
Por eso las recomendaciones derivadas del foro “México en Alerta de Género” deberían ser bandera de 185 diputadas federales y 42 senadoras, así como de todos los parlamentarios, gobernantes y políticos, conscientes de que el peor mal de la violencia es acostumbrarnos a ella.
De la relatoría del foro hecha por Patricia Olamendi, una de las feministas que como funcionaria y consultora más ha hecho por llevar el enfoque de género a la impartición de la justicia, me quedo con tres tareas que suenan urgentes:
Es necesario concluir con la armonización legislativa, que garantice en todas nuestras leyes la incorporación de los Derechos Humanos de las mujeres y el reconocimiento como delitos de todas las formas de violencia que se cometen.
Hay que transparentar las cifras de las víctimas y particularmente de los feminicidios, pero también el destino de los recursos que se han otorgado a las dependencias federales y estatales para atender, prevenir y sancionar la violencia de género.
Y, para que lo anterior funcione, hay que despolitizar la aplicación de las alertas, a fin de que se tomen medidas que garanticen la seguridad de las mujeres.
De lo contrario, persistirá la impunidad de Gobierno y partidos, que buscan ocultar esa violencia, convirtiendo el tema en un asunto de negociación. Y eso es lo que ahora sucede.
