AGENCIA
CDMX.- Después de que entrara en vigor la Ley Olimpia en la Ciudad de México, solo se han registrado dos sentencias por el delito de violación a la intimidad sexual.
Ambas penas fueron en contra de imputados del sexo masculino y los dos se apegaron a un procedimiento abreviado, es decir que los dos aceptaron su responsabilidad en los hechos que se les imputó. Uno fue sentenciado a 12 meses de cárcel en 2021 y el otro a 1 mes en 2022.
La Ley Olimpia es la denominación que adquiere un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia o violencia digital.
Se conoce de esta manera gracias a su impulsora, la activista Olimpia Corral Melo, quien después de ser víctima de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento (en 2013), se ha dedicado a promover proyectos que reglan la violencia digital en los congresos estatales.
Fue en enero de 2021 cuando la Ley Olimpia entró en vigor en la Ciudad de México, y desde entonces, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha logrado la vinculación a proceso de los imputados en tres de cada 10 casos.
En total se han iniciado 152 carpetas de investigación de enero de 2020 al 30 junio pasado; 40 en los primeros seis meses del año en curso; 80 un año antes y 32 durante 2020.
En 2022 se registraron nueve vinculaciones a proceso, un año antes 26 y en 2020 fueron 16, de acuerdo a la solicitud de información FGJCDMX/CGIDGAV/ EUT01081/2022-07.
Ilse Molina, abogada del despacho Pérez Rivera, Salas & Peña, la gran mayoría de las víctimas de dicho ilícito prefieren llegar a un acuerdo reparatorio con el imputado a llevar un proceso por cómo son revictimizadas durante el procedimiento penal.
Las víctimas prefieren llegar a un acuerdo, antes de que se difunda.
“Pero además como una medida de reparación que puedan recibir ayuda psicológica o que puedan estar seguras de que no va a ser difundido este contenido que es íntimo y sexualmente que es una vulneración a sus derechos”, dijo.
El despacho Pérez Rivera actualmente representa a una mujer que se percató que su pareja la había grabado sin su consentimiento teniendo relaciones sexuales, pero su asesorada también optó por un acuerdo reparatorio con el objetivo de que los videos no sean difundidos.
“Ella lo que quiere realmente es que el video no se vaya a difundir, como tener la seguridad de que, una de que ya borró los videos completamente y que esos videos por ninguna circunstancia ya sea de él o de algún externo los vaya a difundir, es lo que a ella más le preocupa”, mencionó.
