AGENCIA
Nacional.- En las primeras dos semanas del gobierno de Claudia Sheinbaum, las Fuerzas Armadas de México han sido vinculadas a la presunta ejecución extrajudicial de al menos 15 civiles y la privación ilegal de la libertad de 10 personas en estados como Tamaulipas, Chiapas, Colima y Guerrero. Estos hechos han generado preocupación y críticas, en un contexto de creciente militarización bajo la nueva administración.
Uno de los principales cambios en seguridad implementados por Sheinbaum es la consolidación de la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de una reforma constitucional. Esta medida, que la presidenta señala como clave para su estrategia de seguridad, ha sido criticada por activistas y organizaciones, quienes advierten que perpetúa una estrategia fallida de militarización que ha exacerbado la violencia y las violaciones a derechos humanos en el pasado.
Uno de los eventos más notorios ocurrió el 1 de octubre, cuando elementos del Ejército dispararon contra un grupo de migrantes en Chiapas, matando a seis personas. La versión oficial de la Sedena sostiene que los soldados actuaron tras escuchar detonaciones cerca de una camioneta que circulaba a alta velocidad. Sin embargo, los disparos resultaron fatales para los migrantes, originarios de Egipto, El Salvador y Perú.
Días después, en Tamaulipas, Yuricie Rivera Elizalde, una enfermera del IMSS, murió tras recibir un disparo en el rostro, presuntamente a manos de militares. Además, en un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y civiles armados, Lidia Iris, de 8 años, y Diego Alfredo, de 18, también perdieron la vida.
En Colima, ocho personas fueron reportadas como desaparecidas tras un operativo de elementos de la Marina. Seis de ellas fueron encontradas muertas, mientras que las sobrevivientes denunciaron agresiones sexuales. En Guerrero, habitantes de Petatlán denunciaron que marinos detuvieron violentamente a ocho jóvenes sin mostrar órdenes de arresto, lo que ha generado más cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades.
Estos incidentes han generado un creciente debate sobre la militarización de la seguridad pública en México. Aunque Sheinbaum ha dado instrucciones para investigar algunos de los casos, los críticos señalan que esta política no ha logrado reducir la violencia y, por el contrario, ha provocado más violaciones a los derechos humanos.
