A Correr se ha dicho. A solo cuatro meses de que se acabe el actual sexenio y se realice la transferencia del poder estatal a un partido diferente del Revolucionario Institucional, la clase priista –o más bien, la fidelista- está apanicada porque debe rendir cuentas por los desmanes cometidos. El clamor popular desde la campaña electoral fue que los responsables del saqueo financiero sean encarcelados y tal es el temor de los fidelistas: terminar en una prisión.
Por eso, al menos tres de ellos ya tienen sendos amparos judiciales para evitar –en un primer momento- cualquier orden de aprehensión en su contra, según se conoció a finales de la semana pasada. Como se sabe, no solo el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares ha interpuesto denuncias penales en contra de varios funcionarios sino también la Procuraduría General de la República (PGR), a solicitud de la Auditoria Superior de la Federación y del Sistema de Administración Tributaria (SAT) tiene abiertos 48 expedientes de investigación penal.
Hace un mes, a finales de junio, varios funcionarios y exfuncionarios veracruzanos fueron citados en la delegación estatal de la PGR ubicada en el puerto de Veracruz –entre ellos el contralor Ricardo García Guzmán, los ex contralores Mauricio Audirac Murillo e Iván López Fernández, y los exsecretarios de Finanzas, Salvador Manzur Díaz y Fernando Charleston Hernández- y hay la especulación de que en cualquier momento la dependencia podría solicitar la expedición de órdenes de captura.
De ahí que tres de los más consentidos del actual sexenio, tramitaron amparos ante el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Xalapa para que no sean ni detenidos ni presentados ante los tribunales, sean federales o estatales. Ellos son el exalcalde de Boca del Río y exsecretario de Finanzas, Salvador Manzur Díaz quien actualmente es delegado estatal del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), el extesorero estatal, Carlos Aguirre Morales –quien fungió unos meses como titular de Sefiplan- y Gabriel Deantes Ramos.
El tamaulipeco Deantes Ramos fue secretario del Trabajo, subsecretario de Finanzas y oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y se le señala de estar involucrado en un saqueo superior a los 3 mil millones de pesos. Después de que se era un vendedor de teléfonos celulares en su natal Tamaulipas, hoy Deantes es considerado uno de los hombres más acaudalados del Gabinete Estatal, solo por debajo de dos o tres altos funcionarios estatales. Es dueño de residencias de lujo, vehículos blindados, edificios departamentales e inversiones en bancos nacionales y extranjeros.
Sin embargo, lo robado causa problemas y por eso los tres, Manzur, Aguirre –quien hasta es propietario de un avión particular- y Deantes acudieron a la Justicia Federal a solicitar un documento que los proteja de cualquier mandato de arresto. Claro hay que aclarar que la protección es provisional pues en cuanto corran los tiempos de las denuncias y la entrega de pruebas a los juzgados, éste amparo podría ser desechado aunque inicialmente les funcione para poder correr sin ser detenidos. Así, es el segundo sexenio estatal que termina con funcionarios amparados para evitar ser detenidos.
En el gobierno anterior, encabezado por el innombrable, también se temía la detención de varios de ellos, incluyendo al mismo impresentable exgobernante, por estar involucrados en el fraude electoral cometido en el 2007 y en junio del 2009, se ampararon el entonces secretario de Gobierno, Reinaldo Escobar, el titular de Protección Civil, Ranulfo Márquez, el secretario de Educación, Víctor Arredondo, y Ricardo Landa Cano, director del Fondo Nacional de Desastres Naturales.
También lo hicieron Martha Montoya directora de Tránsito, Luis Arturo Ugalde, secretario particular del innombrable, Carlos Rodríguez Velasco, subsecretario de Gobierno y Jorge Carvallo Delfín, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Ellos fueron también citados previamente por la PGR – tampoco se olvide que el pasado 26 de junio el gobernante en turno compareció ante la procuradora Arely Gómez en la Ciudad de México-y aunque finalmente no se ejercieron las órdenes de aprehensión por negociaciones desde el PRI Nacional, si fue el escándalo porque era la primera vez en la historia de Veracruz que un Gobernador en funciones y sus colaboradores tuvieran que promover amparos ante el temor de ser aprehendidos.
La historia se repite y los tres funcionarios citados líneas arriba son los primeros en recurrir a esa medida para tratar de evadir una orden de captura y claro que esta vez hay bastante material judicial para llevarlos ante la barandilla. De ahí que, los que no se han amparado ya están huyendo de Veracruz, al menos mudándose de domicilio. Hace quince días en las redes sociales se difundieron fotografías sobre un camión de mudanzas frente a la residencia del Diputado Federal con licencia y actual coordinador de Comunicación Social, Alberto Silva Ramos, primo hermano –por cierto- de Gabriel Deantes Ramos.
El vocero estatal abandonó su domicilio en el lujoso fraccionamiento La Marquesa en Xalapa, para irse a vivir al Distrito Federal –algunos aseguran que al extranjero- e incluso, en total abuso de poder usó elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE), como cargadores para sacar los muebles de su mansión y ponerlos en el camión de mudanza. Y no es el único, el fin de semana se conoció que el también diputado federal por el distrito de San Andrés Tuxtla, Jorge Carvallo Delfín, abandonó su residencia en aquella ciudad tuxtleca.
También en las redes sociales se publicaron fotografías de los camiones de mudanza frente al domicilio de Carvallo Delfín, quien está incluido en varias denuncias penales porque fue secretario de Desarrollo Social en la entidad. Ante la difusión de las imágenes, Carvallo estalló en furia y se desquitó con el reportero local, Francisco Javier Malaga Baxin, quien lo entrevistó telefónicamente sobre su mudanza. El fidelista le reprochó que “los medios de comunicación operan como los Z”. Vaya que Carvallo Delfín está bien enterado de la forma de operar de ese grupo delictivo.
Se sabe también que otro diputado federal, Edgar Spinoso Carrera, exoficial mayor de la SEV –y sobre quien también pesan varias querellas- ya no vive en ninguna de sus mansiones de Xalapa ni Martínez de la Torre y ni siquiera del Distrito Federal, sino en Houston, Texas, a quien los administradores del lujoso fraccionamiento The Woodlands Creekside Park, le dieron la bienvenida recientemente como nuevo locatario. Así, todos están en estampida o preparando la huida.
HINCAR MÁS EL DIENTE
Pero lo anterior no les impide seguir cometiendo agravios en contra de los veracruzanos. La semana pasada en el Congreso Local se aprobó usar la recaudación a futuro del Impuesto a la Nómina para pagar más de 11 mil millones de pesos de deuda a proveedores y prestadores de servicios, lo que impedirá que se realice la obra pública que es para lo que originalmente fue creado dicho gravamen y esta semana se hincará más el diente al bolsillo de los ciudadanos con la emisión de nuevas placas vehiculares.
Hace un par de meses los funcionarios estatales negaron que existiera un proyecto para emitir nuevas placas de circulación, pero solo engañaron a la opinión pública pues se conoció que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) autorizó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz los folios para la expedición de nuevas placas metálicas y calcomanías. De esta forma, por segunda vez en este sexenio se obligará a casi un millón de automovilistas a comprar nuevos juegos de placas pues en septiembre del 2011 fue el primer ‘reemplacamiento’ a través del Programa de Reordenamiento Vehicular de Veracruz.
En ese año se renovaron placas metálicas y engomados a un millón 241 mil unidades bajo el argumento de que estos nuevos pegotes tenían incorporado un chip de reconocimiento y se enmarcaba en la lucha contra el crimen organizado dispuesto por el Gobierno Federal. ¿Ahora qué nueva excusa darán para que los propietarios de vehículos tengan que comprar nuevas placas?. Con esta medida, los funcionarios estatales esperan recaudar por lo menos mil 500 millones de pesos. Es decir, se tratará de exprimir lo más que se pueda al contribuyente para que el botín de fin de sexenio sea más jugoso.
DADIVOSO CON LO AJENO
En esas historias bizarras que se dan en Veracruz, destaca la del alcalde priista de Vega de Alatorre, Teodoro Mondragón Escobedo quien de la tesorería municipal dispuso dinero para pagar parte de los 50 mil pesos de fianza para que el cantante, Gerardo Ortiz, saliera de prisión y pueda presentarse en la feria de su pueblo. Como se recordará, el intérprete fue detenido el pasado 17 de julio Guadalajara, Jalisco y está procesado por hacer apología del delito pues en un video que grabó por su canción “Fuiste mía” no solo se recrea el asesinato de una mujer sino que se grabó en una finca que fue escenario de una ejecución cometida por un cartel del narcotráfico y que estaba bajo resguardo policiaco.
El llamado “Rey del Corrido” –más bien del ‘narcocorrido’- se presentará mañana martes 26 de julio en la Unidad Deportiva de Vega de Alatorre en el marco de las fiestas en honor a Nuestra Señora de Santa Ana 2016, según la promoción que corre en internet. (https://www.youtube.com/watch?v=kNdzX6x0AFE) y el edil dadivoso –con el dinero ajeno- asegura que los lugareños adoran al cantante y están de acuerdo en que se use el dinero público para librarlo de la cárcel y que vaya a amenizar sus fiestas.
Sin embargo, los verdaderos fans de Gerardo Ortiz son la familia Mondragón –en realidad son fanáticos de todos los narcocorridos- y el clan también es famoso por andar en asuntos poco decentes. La región costera del norte, especialmente Vega de Alatorre es emblemática por ser un punto medular del crimen organizado y en toda la barra costera, Joel Mondragón, hermano del edil, es conocido como “El Zar de la Gasolina”, pues se le atribuye ser el principal vendedor de combustible robado a ductos de Petróleos Mexicanos. Según el expediente judicial 413/2002, en junio del 2002, un carro cisterna propiedad de Los Mondragón explotó cuando descargaba el combustible robado en una gasolinera de Coatepec, dejando como saldo a dos personas fallecidas y 22 heridos.
Amante también de los narcocorridos, Isaac Joel Mondragón Musciente, hijo del alcalde, es un dolor de cabeza para los habitantes de Vega de Alatorre pues suele conducir, por las madrugadas y en estado de ebriedad, su lujosa camioneta con la música a todo volumen –entonando ese tipo de canciones, los narcocorridos- sin importarle las molestias que ocasiona pues alardea que su papá y su tío son “la ley fuera o dentro del municipio”.
En una de esas juergas, el domingo 22 de mayo el junior atropelló y mató a un motociclista de nombre Miguel Ángel González Venancio, pero con ayuda de personal del ayuntamiento que fue enviado al lugar del accidente se manipuló la escena, se desaparecieron evidencias y se ayudó a que Mondragón Musciente se escapara. De hecho fue enviado fuera del estado varias semanas pero ya está de regreso, listo para el concierto de Gerardo Ortiz, gracias a los buenos oficios de su padre, el Alcalde dadivoso, para que en familia escuchen “El Mundo es tuyo”, el corrido preferido de Los Mondragón.
