Por: Héctor Yunes Landa / Articulista Invitado
Desde el inicio de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Grupo Parlamentario de MORENA no ha desaprovechado una sola sesión para recordarnos que en el último proceso electoral, “ellos” ganaron con treinta millones de votos, y por tanto, lo que hagan o decidan, es un derecho que se ganaron en las urnas.
“Nosotros”, por nuestra parte, tampoco desaprovechamos este tipo de ocasiones para recordarles que quien sacó esa millonada de votos fue “él” y no “ellos”. Que “ellos” sólo tuvieron el mérito de ir trepados en las valencianas de su pantalón. Que tan no fue su popularidad la que los llevó a San Lázaro, que buena parte de quienes hoy forman parte de la fracción de Morena en San Lázaro lograron la candidatura a la diputación federal mediante el novedoso proceso de selección de la “tómbola”.
No obstante lo anterior, y echando mano del “haiga sido como haiga sido” para evitar debates estériles sobre la legitimidad de su representatividad popular, reconocemos que 256 representa la mayoría absoluta de 500. Eso le da el derecho al Grupo Parlamentario mayoritario de impulsar -tanto en comisiones como en el Pleno-, lo que en su opinión, más convenga a nuestro país. Sin embargo, ese enorme soporte popular lo debería interpretar Morena como una obligación de hacer las cosas bien y no como un derecho a equivocarse.
En poco más de 4 meses, con las dos caídas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y las dos depreciaciones de nuestra moneda, Morena ha despilfarrado el histórico apoyo popular con el que ganó las elecciones federales; al mismo tiempo, ha menguado el “beneficio de la duda” que muchos otros mexicanos -que no votaron por esa opción- le habían concedido.
En la próxima sesión de la Cámara Diputados, cuando se debata la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, nuevamente Morena tendrá la oportunidad de hacer las cosas bien o de volver a ejercer su derecho a errar.
Esta iniciativa, presentada por Morena el pasado mes de octubre, pretende reformar -entre otros- el artículo 27, con el propósito de crear una Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana, y transferir a ella la totalidad de las facultades que estaban confiadas a la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública, de seguridad nacional y de protección civil.
Separar de la Secretaría de Gobernación las facultades de seguridad pública y confiárselas a una Secretaría de nueva creación no amerita cuestionamiento alguno de mi parte. Sin embargo, la situación de violencia que viven muchos estados del país no justifica la confusión entre lo que representan la seguridad nacional y las acciones de seguridad pública.
La historia y la práctica nos dicen que la seguridad pública se enfoca en resolver los fenómenos y conductas que pongan en riesgo la integridad personal de los ciudadanos, la prevención y acción en contra de la incidencia delictiva; así como la investigación, persecución y sanción de conductas delictivas.
En contraste, el objeto principal de protección de la seguridad nacional es salvaguardar la seguridad y unidad del Estado; por lo tanto, se trata de un concepto mucho más amplio y de mayor relevancia por los riesgos potenciales -terrorismo, crimen organizado, migración, cambio climático, guerrillas, espionaje- que podrían presentarse para el país en su conjunto.
Además, cambiar de nombre al CISEN parece más una decisión cosmética que de fondo. No toda tarea de inteligencia está radicada en el ámbito de la seguridad pública, sino en un conjunto de instituciones que tienen la tarea de generar información al Estado para garantizar la seguridad nacional. Quitarlo a Gobernación para enviarlo a la nueva SSyPC me parece un error que puede resultar costoso para la gobernabilidad del país.
En el caso de la protección civil –tema que atendí de manera directa como Presidente de esta comisión en la Cámara de Senadores-, sus riesgos no tienen que ver con conductas antisociales, sino con los daños que provocan los distintos fenómenos naturales y la inmediata respuesta que requiere para su atención. Por esta razón, desde su nacimiento, el Sistema Nacional de Protección Civil ha estado a cargo de la Secretaría de Gobernación, como la encargada de coordinar los esfuerzos interinstitucionales en casos de desastres naturales.
Por inverosímil que parezca, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados no incluyó a la Comisión de Seguridad Pública en el turno de esta iniciativa para su dictamen, sólo nos fue enviada para emitir nuestra opinión. Además, en medio del debate durante la sesión de esta Comisión -de la que soy Secretario- fuimos informados que el dictamen ya estaba circulando con fecha 12 de noviembre, por tanto, nuestra opinión nunca pudo ser escuchada. Lo haremos durante el debate en el Pleno de la Cámara.
Un gobierno eficiente no es aquél que concentra más poder, sino el que distribuye de manera racional y objetiva sus responsabilidades. Con esta iniciativa se está proponiendo crear una súper secretaría, la de Seguridad Pública en detrimento de la Secretaría de Gobernación, cercenando a esta sus dos brazos y una pierna; al parecer, en el sexenio por venir, sólo lo le quieren dejar una extremidad para andar pateando el bote.
Equivocarse es parte del ejercicio de gobierno. Ojalá que en la próxima administración sea la excepción y no se consolide como la regla.
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