GRACIAS A ELLOS
Si a partir de esta semana los ciudadanos cordobeses, orizabeños, fortinenses, huatusqueños, zongoliqueños y demás habitantes de la zona centro que tienen un vehículo para trasladarse a su trabajo, ir a dejar a sus hijos a la escuela o lo utilizan para allegarse el sustento diario – como en el caso de los taxistas, vendedores de mercancía o motociclistas que entregan pedidos – deben pagar más dinero al ponerle gasolina a sus unidades, deben darles las gracias a varios personajes que hicieron que eso fuera posible.
De la misma forma, los empresarios dedicados al transporte de carga o de pasajeros que verán elevar sus facturas de consumo de diesel o gasolina tendrán que agradecer a los mismos individuos. Lo anterior porque el sábado anterior se concretó el octavo “gasolinazo” del año y ahora el litro de gasolina Magna cuesta 12.95 pesos y la Premium 13.67 pesos mientras que el diesel 13.50 pesos.
Esos personajes, los responsables de tal atracó, son los diputados federales y senadores del PRI, PAN, PVEM y Panal que desde octubre del 2011 aprobaron que los aumentos mensuales en el precio de estos combustibles continuaran a perpetuidad, sin importar el clamor de los ciudadanos que llevan años pidiendo eliminar tal incremento. A esos diputados y senadores no les importó incumplir con sus compromisos hechos en campaña electoral ni prefirieron traicionar a quienes les dieron el voto y pagan sus sueldos.
Sus nombres no deben perderse en el olvido y cada vez que se eleven las facturas por el consumo de combustible deben recordarlos, entre ellos a los cordobeses Leticia López Landero, su hermano Tomás López, que regentea la diputación federal de Zongolica, el orizabeño Juan del Bosque –aunque el que votó en aquella ocasión fue su antecesor a quien sustituyó-, el orizabeño Ricardo Aldana Prieto, plurinominal del tricolor y tesorero del corrupto Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex).
También no deben olvidar a Víctor Serralde Martínez –o como en realidad se llame este señor- que siendo cordobés también regentea una diputación ajena en el distrito de Huatusco , y a l panista, Juan Bueno Torio, legislador plurinominal del PAN. Asimismo, hay que recordársela – traición, claro- a los senadores priístas José Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa así como al panista Fernando Yunes Márquez. Ellos son los responsables, los felones.
Sin embargo, el aumento mensual del precio de los combustibles es el menor de las tarascadas que esta riada de traidores ha propinado a los veracruzanos. Lo que la semana pasada acaba de avalar la Cámara de Diputados – otra vez con la mayoría formada por panistas, priístas, verde-ecologistas y panalistas- en las leyes secundarias para la reforma energética no tiene nombre. Pusieron en venta al país y mandaron a la miseria a millones de mexicanos. Alzaron gustosamente el dedo para permitir la invasión y despojo de tierras para explotar yacimientos petrolíferos, el aumento de los recibos de consumo de electricidad hasta en un 500 por ciento, la eliminación de subsidios y la catástrofe ecológica por envenenamiento de mantos acuíferos, aire y tierra.
TODOS A PAGAR 202 MIL
Y por si fuera poco con esa felonía a la patria, los diputados federales también le cargaron otra piedra muy pesada a cada uno de los mexicanos – y de los veracruzanos, y de los cordobeses, y de los huatusqueños, y de los zongoliqueños y de los fortinenses y de todos los habitantes de la zona centro – no importa que sean recién nacidos o estén en la tercera edad, que sean indígenas empobrecidos que no tienen seguro si comerán al día siguiente u obreros que apenas ganan para que su familia no perezca de hambre. Cada uno de ellos tendrá que pagar anualmente 202 mil pesos, a razón de 16 mil 833 pesos al mes y 561 pesos al día.
Con la aprobación del llamado “Pemexproa”, que es la conversión en deuda pública – o sea algo que pagarán todos los mexicanos- de los pasivos laborales que tiene Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ascienden a 1.6 billones de pesos – es decir, 1.6 millones de millones, sí así como lo leyó:¡millones de millones!-, cada mexicano adeuda por día 561 pesos para alimentar los bolsillos de los trabajadores de Pemex y CFE, y por supuesto de sus corruptos líderes sindicales como Carlos Romero Deschamps y Víctor Fuentes del Villar.
¿Para qué alcanzan 202 mil pesos por año?. Para la mayoría de los veracruzanos esa cantidad serviría para comprarse un automóvil y cambiarlo anualmente, tal vez para comprarse una casa modesta de Infonavit o construir una por cuenta propia. Para adquirir un terreno, para asegurar los estudios de los hijos o simplemente para tener alimentos que llevar a la mesa, comprar medicinas, impedir que sus hijos se tengan que ir de migrantes a Estados Unidos arriesgando su vida o a evitar la muerte de seres queridos porque no tuvieron para costear un tratamiento médico.
Pero eso no podrá ser porque gracias al “Pemexproa” el dinero se lo darán a los petroleros y electricistas. Claro, es el cálculo hecho entre esa bárbara cantidad de fondos y el número de personas que habitan en el país. Pero aunque los mexicanos no lo aporten directamente, al final serán ellos los que paguen. Es decir, los programas sociales disminuirán así como las becas, las pensiones, los sueldos, las prestaciones, las obras públicas, los subsidios, los apoyos a madres solteras o ancianos. Todo para alimentar el barril de la corrupción. Cada día, a cada veracruzano le quitarán 561 pesos que podría haber recibido en apoyos y obras que hicieran menos miserable su existencia para dárselos a los sindicatos de Pemex y CFE.
Y se repite para que lo recuerden todos, ese robo tiene nombre y apellidos: Leticia López Landeros, Juan Bueno Torio, Víctor Serralde, Tomás López Landeros, Juan del Bosque –aunque dicen que tampoco voto eso porque anda de vacaciones en España-, Ricardo Aldana Prieto, y el resto de los diputados priístas veracruzanos: Alma Arroyo Ruiz, Verónica Carreón Cervantes, Jorge del Angel Acosta, Marina Garay Cabada, Isela González Domínguez, Gaudencio Hernández Burgos, Noé Hernández González, Abel Mavil Soto –ni en su casa lo conocen- y Alejandro Montano Guzmán.
También Zita Pazzi Mata, Genaro Ruiz Arriaga, Guadalupe Peña Recio –otra desconocida-, Leopoldo Sánchez Cruz y Regina Vázquez Saut, al igual que los panistas Rafael Acosta Croda, Humberto Alonso Morelli, Mariana Dunyaska García Rojas y el único plurinominal por el PVEM, a quien tampoco nadie conoce, Federico José González Luna. En el colmo de la falta de vergüenza estos “judas” se llenaron los bolsillos con dinero recibido a cambio de la traición.
De acuerdo a lo denunciado en tribuna por la diputada federal del Movimiento Ciudadano, Zuleyma Huidobro, las bancadas del PRI, PAN, PVEM y Panal en la Cámara de Diputados recibieron del gobierno federal 302 millones de pesos a través de partidas disfrazadas y ese fue el “bono” – o mejor dicho, soborno- para levantar la mano y avalar el desojo a mexicanos, para a vender la patria.
A partir de este lunes la minuta de la traición, que incluye la deuda de 202 mil pesos anuales que cada mexicano y veracruzano estará obligado a pagar para los próximos cincuenta o cien años, será votada en el Senado donde están tres veracruzanos que comparten el apellido Yunes. Dos son tricolor, Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla y otro del blanquiazul, Fernando Yunes Márquez. ¿Cómo votarán ellos?. Acertaron, harán lo mismo de siempre, enterrándole más hondo el puñal a aquellos que los eligieron.
SEGURIDAD DE CABEZA
En temas de seguridad pública la entidad sigue de cabeza pues dos casos se sumaron en los últimos días a la serie de desaciertos en esta área Uno fue el nombramiento de José Oscar Sánchez Tirado como nuevo director general de Prevención y Readaptación Social, es decir como encargado de los penales en el estado, pese a que no tiene el perfil ni la experiencia. Conocido desde hace años con el apodo de “Monsieur Oscar”, este señor fue guardaespaldas del exgobernador Patricio Chirinos Calero y chofer del innombrable en el sexenio pasado, y a esos oficios eso se reduce su currícula.
Claro, la destitución de Remigio Ortiz Olivares del área de reclusorios también obedece a asuntos oscuros. Por una parte porque no logró trasladar a la periodista Marijose Gamboa al penal de La Toma ya que un amparo federal lo impidió y fue castigado por palacio de gobierno por no adelantarse al fallo judicial. Por otro lado también influyó el escándalo por la procreación de un hijo fuera del matrimonio, con una mujer policía que fungía como custodia de la cárcel de San Andrés Tuxtla, a quien amenazó de muerte y destruyó papeles del registro del nacimiento del bebé luego de que la conyugue formal se enteró de la infidelidad y del nuevo vástago. Ortiz Olivares es un ejemplar de caballero, ¿no creen?.
El otro entuerto es del subsecretario B de la Secretaría de Seguridad Pública, Federico Rivas Valdés, el mismo que anunció y fue nombrado responsable del famoso operativo “Blindaje Córdoba”, porque fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) que lo acusa de cometer negligencia administrativa cuando se desempeño como inspector general de la Policía Federal. Dicha inhabilitación para ocupar cargos públicos se emitió el 27 de junio pasado y se suma a otra sanción del mismo tipo dictada por el Órgano Interno de Control de la misma dependencia por incumplir con su declaración patrimonial. Aún así el titular de la SSPE, Arturo Bermúdez Zurita lo mantiene en el cargo pero a que la federación le ordenó destituirlo. ¿En manos de quien están los cordobeses?. Bermúdez sigue haciendo de las suyas y más aún cuando el gobierno estatal está en “piloto automático” porque el titular anda vacacionando en el extranjero.
