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Ministra Lenia Batres critica ‘fast track’ en amparo de empresas contra ley de la industria eléctrica

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AGENCIA

Nacional.- La ministra Lenia Batres expresó su descontento el miércoles, acusando que se dio un trámite “fast track” y sin discusión adecuada al amparo interpuesto por empresas privadas contra la Ley de la Industria Eléctrica, conocida como “ley Bartlett”, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Segunda Sala de la Suprema Corte amparó con efectos generales a seis empresas privadas el día anterior, alegando que la ley eléctrica viola la libre competencia y libre concurrencia. La decisión se tomó tras un empate de votos, con las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel en contra, y los ministros Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán a favor, prevaleciendo el voto de calidad de este último como presidente de la sala.

La ministra Batres, a través de la red social X, expresó que el rápido trámite no sienta un buen precedente para la discusión legal que la Corte debería tener sobre temas de relevancia nacional. Además, acusó que no se dio trámite a la recusación interpuesta por la Secretaría de Energía, aunque la Suprema Corte afirmó que el ministro Javier Laynez Potisek se excusó de votar en el caso según la solicitud de la dependencia.

Durante la discusión, Batres Guadarrama expuso sus argumentos en contra del proyecto que amparó a las empresas privadas contra los beneficios otorgados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). También señaló al ministro presidente de la segunda sala, Alberto Pérez Dayán, de resolver indebidamente el caso contra la “ley Bartlett”.

La ministra aseguró que el voto de calidad se dio en contravención a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aunque Pérez Dayán basó su decisión en el artículo 56 de la Ley de Amparo. Además, desmintió informaciones que sugieren que la decisión sentó un precedente obligatorio, alegando que el propio proyecto estableció que la protección del amparo no solo podía otorgarse a los que promovieron el juicio para evitar distorsiones en el mercado y beneficios indebidos a los particulares amparados.

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