Carmen Aristegui F.
Columnista
La dominancia del Covid-19, como tema informativo, hizo que un asunto de la mayor importancia para México no haya sido discutido como se debería: la militarización de la seguridad pública en México. El tema ha generado, por años, los más intensos debates hasta el punto de tener la ley que hoy tenemos. Con esa ley, el presidente de la República ordenó a la Fuerza Armada permanente realizar funciones de seguridad pública. La ley dice que la actuación militar estará supeditada a la Guardia Nacional, supeditación que es difícil de creer, básicamente porque la Guardia Nacional está conformada también por militares. El Presidente tiene la facultad de hacer lo que hizo pero, sin discusión pública, sobre las razones por las cuales hizo valer esa posibilidad, en medio de una pandemia y con un debate apagado por el confinamiento y el debilitamiento de los propios actores políticos.
Estamos, sí, en una situación extraordinaria, pero por razones sanitarias, tal como quedó asentado en el decreto de emergencia sanitaria por Covid-19; sin embargo, no hay una declaratoria oficial de emergencia económica -aunque factualmente hay materia de sobra para reconocerla a simple vista- por las implicaciones legales que esto traería. ¿Cuáles fueron las consideraciones jurídicas, estadísticas o de algún otro tipo que se tuvieron para determinar una situación “extraordinaria” en materia de seguridad pública, para que se diera la orden para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública? ¿Cómo se va a garantizar la supeditación del Ejército a un órgano, presuntamente civil, pero que en realidad está también conformado por militares como es la Guardia Nacional? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de fiscalización para que la actuación de los militares realmente se mantenga en los márgenes del respeto a los derechos humanos?En enero de 2019, el debate llevó a una definición más nítida en materia de temporalidad y de condicionamiento para la actuación de la Guardia Nacional y las Fuerza Armadas. Se acallaron las voces críticas, diciendo que no podría recurrirse a las Fuerzas Armadas por más de 5 años, y en caso de ocurrir tendría que ser de “…manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública”. Para apagar más las voces que alertaban sobre legalización de la militarización en México, el recién llegado Presidente se comprometía a no hacer uso de ese transitorio que permitía, ya sin duda legal de poder hacerlo, la utilización del Ejército en tareas de seguridad pública. No lo hizo sino hasta ahora, cuando lo hace anunciando que agota, en una sola sentada, lo que la ley permite como el plazo máximo de cinco años, es decir, todo lo que resta del sexenio. De inmediato, la medida se interpretó como el fracaso de la Guardia Nacional y el paso para consolidar la militarización de México. La decisión del presidente López Obrador, para colocar de manera mucho más contundente y definitiva a los militares en la calle, se suma a las otras muchas tareas que le ha encomendado a la Marina y las Fuerzas Armadas: construcción de obras públicas, aduanas, reforzamiento ante la emergencia sanitaria, etcétera, etcétera.Hace unos días Reforma publicó una encuesta en la que se mostraba una alta aceptación a la idea de que el Ejército realice tareas de seguridad pública en el país. En un rango de 70 por ciento, las personas se manifestaron a favor de la utilización de las Fuerzas Armadas para enfrentar la delincuencia y que se hagan cargo de la seguridad pública en el territorio nacional. Es muy probable que la gente opine de esa manera ante los índices delictivos que no han logrado ser abatidos y piense que es mejor que el Ejército se haga cargo de todo. Sin embargo, no se puede justificar con la popularidad esta medida por las serias implicaciones que tiene. Varias organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, empezando por la ONU-DDHH, piden al gobierno mexicano que reconsidere este decreto. Tienen razón. La medida tomada por el presidente López Obrador tiene implicaciones enormes y parece que no nos estamos dando cuenta del tamaño e implicaciones de la decisión.
