México.- Para el caso Ayotzinapa insistió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH en la necesidad de que el Gobierno mexicano le permita el acceso al 27 Batallón de Infantería del Ejército con sede en Iguala para entrevistar “directamente y no por intermediación de la PGR” a todos los elementos que estuvieron presentes en los distintos escenarios del ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural la noche del 26 de septiembre.
Consideran que esta diligencia es “clave” en el proceso de esclarecimiento “porque ellos estuvieron en varios escenarios” de los hechos la noche del 26 de septiembre.
Al rendir el tercer reporte de avances de la misión desde que iniciaron su trabajo de coadyuvancia en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos y la investigación judicial de los hechos –que desembocaron además en el asesinato de tres estudiantes y heridas de gravedad en dos más, que permanecen hospitalizados desde hace siete meses— integrantes del GIEI advirtieron ayer sobre los graves riesgos de impunidad que podría entrañar la información inicial recabada por la delegación de expertos sobre situaciones de tortura, malos tratos o violaciones al debido proceso, referida por varios de los detenidos en el Cefereso 4 de Tepic, mayoritariamente policías ministeriales e integrantes del grupo criminal “Guerreros Unidos”.
A nombre de los cinco expertos del grupo, dos de ellos, Carlos Beristain y la ex fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz explicaron en rueda de prensa las recomendaciones que han presentado al Gobierno mexicano y que están pendientes de cumplimiento. También informaron de algunos avances.
Entre las recomendaciones, destaca la urgencia de reactivar la búsqueda de los 43 muchachos desaparecidos en colaboración con los padres y bajo un nuevo protocolo conforme a estándares internacionales.
¿Tortura?
Beristain y Paz confirmaron que, entre los 16 procesados con los que el GIEI conversó en Tepic recientemente, “un número lamentablemente alto” refirió haber sufrido malos tratos, tortura y violación al debido proceso. En uno de los casos, el defensor de oficio incluso pidió la aplicación del Protocolo de Estambul. Otros 10 presentaron recursos de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
