Agencia
En la conferencia matutina del 25 de marzo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se refirió al predio del Rancho Izaguirre, asegurando que este era operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un centro de adiestramiento, descartando, por ahora, que fuera utilizado como un campo de exterminio. A pesar de la gravedad del hallazgo, el funcionario insistió en que la diferencia entre un campo de exterminio y un lugar donde se cometen homicidios es la cantidad de muertes.
“El que se cometan homicidios en un inmueble no es lo mismo que un campo de exterminio. Es completamente distinto que en un lugar se hayan cometido torturas o homicidios aislados a que se asesinen a cientos o miles de personas de manera sistemática”, declaró García Harfuch, dejando entrever que no considera urgente una respuesta más contundente frente a la magnitud de la violencia que sigue marcando la región.
Si bien el secretario aclaró que, en su momento, la Fiscalía General de la República determinará la cantidad exacta de víctimas, su declaración resulta chocante frente a la brutalidad del crimen organizado que azota al país. En lugar de ofrecer un compromiso claro con las víctimas y sus familias, la postura del funcionario parece minimizar la gravedad del asunto. ¿Es necesario que haya más muertes para que las autoridades realmente tomen acción?
A partir del 25 de marzo, la custodia del predio de Teuchitlán, otro de los puntos clave en esta operación del CJNG, ha sido asumida por la Fiscalía General de la República, que ahora tiene a su cargo la investigación. Sin embargo, ¿cuántos hallazgos más serán necesarios para que las autoridades actúen con la urgencia que la situación exige? La sociedad no puede seguir esperando mientras se siguen revelando atrocidades a cuenta gotas, sin respuestas claras y sin una estrategia real para frenar la violencia que asola a México.
