Los números que ofrecía ayer Mario Luis Fuentes en Excélsior son contundentes: 54% de los michoacanos son pobres, pero de ellos, 650 mil viven en extrema pobreza y 291 mil michoacanos no saben ni leer ni escribir, 91 mil están desempleados, 211 mil trabajan pero dicen que no reciben salario alguno y 75% de la población no tiene acceso a prestaciones médicas.
Esa es la realidad que alimenta el conflicto armado en Michoacán, un estado que, además, está financieramente en quiebra, con grupos de presión, como los de la CNTE o los de las normales rurales, que manejan agenda propia y tienden a desestabilizar las instituciones, y que es, paradójicamente, un estado rico en minería, en productos agrícolas y ganaderos, en muchos otros ámbitos, riqueza que explotan unos pocos.
¿Alguien podría sorprenderse si en esa realidad el narcotráfico ha logrado asentarse con tácticas que oscilan entre las tácticas de guerrilla y el proselitismo religioso?¿Alguien se puede preguntar por qué los grupos de autodefensa, en una sociedad abandonada por las autoridades, tienen mayor reconocimiento que éstas?¿Es necesario decir que muchos de los servicios que no prestan las autoridades, desde la distribución de alimentos hasta ciertos servicios de salud, no hablemos ya de la justicia, aunque sea una justicia deformada, los ofrecen los grupos criminales o armados? Sobre esa realidad se debe operar en Michoacán.
Esta es la tercera ocasión que el presidente Peña lanza una propuesta sobre Michoacán: lo hizo apenas iniciando su gestión, en febrero pasado; en agosto se firmó un pacto por Michoacán y ahora, en los hechos, el gobierno federal se hace cargo de la seguridad, y me imagino que de mucho más, en el estado. El gobierno local estaba en la administración de Leonel Godoy y sigue estando en los dos años que lleva la de Fausto Vallejo, rebasado y en algunos casos coludido con los grupos delincuenciales y armados. Esa trama de complicidades es básica para comprender la expansión que han tenido esas organizaciones, sobre todo los llamados Templarios, convirtiendo a muchas autoridades locales en simples empleados de esos grupos.
Decíamos ayer que no era descabellada la idea de establecer una suerte de pacto tácito entre las autoridades y los llamados grupos de autodefensa en la búsqueda de la desarticulación de Los Templarios. Visto lo ocurrido en las últimas horas, ese acuerdo sigue allí: el gobierno federal se apresta a tomar control de distintos territorios, pero las autodefensas, en los hechos, han cumplido con su papel: han ido desplazando a Los Templarios de distintos territorios y los han obligado a concentrarse en torno a Uruapan y Apatzingán, luego de que la Marina ocupó el puerto de Lázaro Cárdenas, sus entradas y salidas. Habrá grupos de autodefensa con otros intereses que continuarán con sus operaciones, pero la mayoría se concentrará en sus propias localidades y municipios, y mantendrán el control en esas zonas. Muchos, ya lo veremos, aceptarán la propuesta del Secretario de Gobernación (que los medios minimizaron y que está en el corazón de esta estrategia) de convertirse en fuerzas de seguridad legales en sus propios municipios.
Y es que las fuerzas federales no se pueden dispersar en la sierra, en Tierra Caliente, persiguiendo, en sus territorios, a los grupos criminales: algo de eso ocurrió en el pasado cercano y lejano, y por eso mismo los éxitos fueron escasos. Los Templarios y lo que queda de La Familia, debemos recordarlo, actúan como virtuales guerrillas, y penetrar en la sierra para buscarlos es la estrategia que más les beneficia. Las fuerzas federales se abocarán, como ya lo hicieron, en Lázaro Cárdenas, en controlar las rutas, las principales ciudades, las áreas vitales de los principales corredores del estado. En Tierra Caliente y en otras zonas tendrá que haber seguridad, pero serán en muchos casos esas mismas autodefensas, reconvertidas en fuerzas policiales, las que tendrán que garantizarla, mientras el gobierno federal debe acompañarlo con una labor social que ha estado ausente durante demasiado tiempo.
No sé, en realidad nadie lo puede saber, si todo ello se podrá convertir en realidad. Pero para recuperar Michoacán no hay otra posibilidad: asegurar la gobernabilidad sólo puede ser posible con una combinación de fuerza y política social, al tiempo que se renueve una clase política local demasiado contaminada, en todos los sentidos, por una realidad que los supera. Hay que recordar, además, que en poco más de un año y medio el estado tendrá elecciones. Para esa fecha se tendrá, también, que haber deslindado las aguas entre los políticos de todos los partidos, que son parte de ese pasado que hoy sigue siendo presente, y los que pueden ser parte del futuro.
