El estado de Michoacán fue cedido por el sistema político mexicano autoritario a la familia Cárdenas durante el siglo XX, al igual que Veracruz a la familia Alemán, también en el siglo pasado.
Paradójicamente, el ex gobernador Lázaro Cárdenas Batel le solicitó al ex presidente Felipe Calderón que interviniera el Ejército Mexicano en Michoacán por el severo problema de seguridad pública, donde operaban diversos grupos del crimen organizado. Posteriormente, nos enteramos de la acción judicial donde fueron detenidos 35 alcaldes y funcionarios del Gobierno del estado, siendo el gobernador Leonol Godoy, a lo que se llamó el “michoacanazo”, evento jurídico-político que con el paso del tiempo la mayoría de los funcionarios fueron absueltos.
Desde la campaña presidencial en 2012, la crítica del PRI hacia el Gobierno federal panista fue sobre la “equivocación en materia de seguridad pública”, y que según ellos, al regresar a la Presidencia de la República resolverían el complejo problema de seguridad pública, y lo demostró inmediatamente el nuevo Gobierno federal al suprimir de sus discursos y por supuesto desaparecer en los medios de comunicación la situación de la seguridad pública en cualquier entidad federativa del país, y se dedicó a “gobernar a través de spots de televisión”.
Lo anterior fue la estrategia nacional: negar la realidad, y ésta siempre es muy necia. Empero, decidieron cambiar de estrategia desde la propia campaña presidencial, al presentar como “asesor externo” al ex jefe de Policía colombiano, Oscar Naranjo Trujillo, quien fue vendido al nuevo equipo de Gobierno como el que había terminado con los Cárteles de Medellín y de Cali; pero dentro de las críticas a su actuación en Colombia son que al igual que se reunía con los narcotraficantes, lo hacía con los paramilitares, y que inclusive alentaba a los segundos.
Regresando a Michoacán, allí ya no existe Estado, ni siquiera se le puede denominar “fallido” o “inviable”, simplemente porque desde hace siete años dejó de dotarles de seguridad a sus ciudadanos, lo que de hecho es la razón de existir de un Estado; lo cual estuvo acompañado en primera instancia por la complicidad entre la clase política con el crimen organizado, allí está el ejemplo del diputado federal, Julio César Godoy Toscano, medio hermano del ex gobernador Leonel Godoy. Todo esto fue el pasado inmediato.
Ahora con la gubernatura de Fausto Vallejo, quien es el responsable directo de la crisis en Michoacán, ello debido a su enfermedad, la cual le impide gobernar, este hecho es parte de su ambición política, y lo más delicado, es el señalamiento de vínculos con el crimen organizado de su secretario general de Gobierno (hecho que se da también en otras entidades federativas, -quizá hoy en día es una constante-).
El tema de las llamadas “autodefensas”, la cabeza principal es José Mireles, quien afirma que en una plática con dos clubes de cazadores inició esa estrategia armada, lo extraño es que de las escopetas subieron el nivel del armamento a R-15 y AK-47, y hasta viaja en aviones, -aquí es donde ya no cuadra la historia-; inclusive el propio gobernador Vallejo comenta que son financiados por el Cártel Jalisco Nueva Generación o está la otra hipótesis que el mencionado Naranjo Trujillo es el que está armando a las “autodefensas”, quienes a través de su cuenta de Facebook, llamada “Valor por Michoacán” emiten sus comunicados.
La complejidad de Michoacán, es que es una guerra entre grupos criminales, entre estos y el Estado, y donde supuestamente también es entre civiles y los Templarios, quienes son una organización criminal, pseudoreligiosa; toda esta mezcla de violencia nos acerca a los grupos paramilitares que pueden estar financiados desde el Gobierno federal o desde el narcotráfico, y a todo esto, se tiene una acción tardía por parte del Gobierno federal, y sobre todo con una figura por demás ridícula, como la de un comisionado, pensando de manera equívoca como en 1994 con el estado de Chiapas, groso error el de reutilizarlo en 2014 con grupos criminales.
Finalmente, la reconstrucción del Estado en Michoacán, transita por aplicar la ley, y no en negociarla, como se está haciendo, sentarse a platicar con las “autodefensas” es sostener un diálogo entre el mismo gobierno, la tarea es que no exista ningún grupo armado en ese territorio; México no es Colombia, allá por esos errores gubernamentales dejaron crecer grupos de narcoguerrilla, como las FARC; los paramilitares financiados por los narcotraficantes, los llamados “pepes” (perseguidos por Pablo Escobar); la guerrilla que después se institucionalizó; en fin, fue una época de narcoterrorismo y eso es precisamente lo que estamos observando en Michoacán, sólo espero que estas acciones no se extiendan a otros.
