AGENCIA
Nacional.- A tan solo 15 días de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, albergues en la zona fronteriza de México se preparan ante la inminente deportación masiva de migrantes. La falta de un plan concreto y de presupuesto por parte del gobierno mexicano ha generado preocupación entre especialistas, quienes advierten sobre la posibilidad de una crisis humanitaria sin precedentes.
Cristina Hernández, investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo de la UNAM, señaló que México no cuenta con la capacidad para albergar ni brindar servicios de salud y seguridad social a los miles de migrantes que podrían ser deportados. “La crisis migratoria se va a agudizar. El pronóstico es desolador porque no hay recursos para atender de manera inmediata a los migrantes”, advirtió. La experta comparó la respuesta del gobierno federal con “ponerle curitas a una herida de un cuerpo que se va a desangrar”.
El gobierno mexicano ha presentado algunas medidas ante la crisis, como la construcción de 25 albergues en la frontera y la implementación de un “botón de pánico” para alertar sobre situaciones de peligro, así como la creación de una red de servicios legales a través de los consulados. Sin embargo, especialistas como Avelino Meza, secretario general del movimiento Fuerza Migrante, consideran que el plan aún está en sus primeras etapas y carece de información detallada. “No estamos preparados para la magnitud de las deportaciones que se prevén”, indicó Meza.
Se estima que más de medio millón de mexicanos serán deportados en 2025 debido a políticas migratorias más estrictas bajo la administración de Trump. Muchos de estos deportados podrían enfrentar serias dificultades debido a la falta de documentos oficiales, como credenciales del INE o actas de nacimiento, lo que dificultaría su acceso a programas sociales y empleo en México.
Albert Rivera, director del Albergue Ágape en Tijuana, subrayó que los gobiernos federal, estatal y municipal están reaccionando con lentitud ante la crisis, a pesar de que ya se contabilizan 1.4 millones de personas con órdenes de deportación en Estados Unidos, de las cuales el 50 por ciento (%) son mexicanos. Además, alertó sobre el riesgo de que los deportados sin documentos se enfrenten a trámites burocráticos complicados, lo que incrementaría la vulnerabilidad de estos migrantes, especialmente aquellos que provienen de cárceles estadounidenses o que nunca tramitaron sus documentos en los consulados.
La situación se complica aún más con la llegada de niños deportados, muchos de los cuales no hablan español ni conocen la historia de México, lo que representará un desafío para los programas educativos del país. La Secretaría de Educación Pública aún no ha informado sobre el plan que se tiene para atender a este grupo vulnerable.
Ante esta difícil realidad, los albergues y organizaciones migrantes se preparan para una crisis que podría desbordar los recursos disponibles, mientras el gobierno mexicano busca respuestas ante la magnitud del desafío que representa la deportación masiva de migrantes a partir del 20 de enero.
